Continúan las réplicas y reacciones ante la creciente crisis reputacional de Indra. Un grupo de accionistas minoritarios de la compañía tecnológica han encomendado al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo el inicio de acciones judiciales en defensa de sus legítimos intereses a la vista de los hechos sucedidos en la última junta general de accionistas del pasado día 23 de junio, que califican de "asalto", por lo que han decidido pasar a la acción. La demanda interpuesta llega tras el golpe de mano del Gobierno que deja en situación complicada a la Sepi y obliga a la CNMV a exigir explicaciones a la empresa de defensa y a estudiar si los cambios en el consejo de la mayor empresa tecnológica de defensa deben derivar en una oferta pública de adquisición (OPA) por parte de Amber, Sapa y del Estado a través de la Sepi por la existencia de una acción concertada" al sumar, en conjunto, el 37% del capital.
En una carta remitida a Rodrigo Buenaventura, Presidente de la CNMV, Javier Cremades García, Presidente de Cremades & Calvo Sotelo Abogados, califica los hechos "de extrema gravedad e impropios de un mercado seriamente regulado como el español, que aplica unos estándares de confiabilidad homologables a los de cualquier país de nuestro entorno". El Presidente del bufete confirma "estar analizando las diferentes alternativas judiciales para reclamar los daños y perjuicios ocasionados a los accionistas minoritarios". Asimismo, indica "haberse puesto en contacto con la CNMV solicitando una reunión con su Presidente, Rodrigo Buenaventura, para trasladarle su preocupación por cómo se han sucedido estos hechos en la Junta General de accionistas de Indra así como el daño patrimonial causado a los accionistas minoritarios".
En opinión del bufete, resulta inadmisible que se produzca en una empresa privada "una injerencia del Gobierno", sin respetar las normas que deben regir el funcionamiento de las compañías cotizadas y de los mercados. "Nadie puede saltarse las reglas de funcionamiento de nuestros mercados, y menos el Gobierno a través de una sociedad pública", concluye el Presidente de Cremades & Calvo Sotelo Abogados. "Esta injerencia está afectando de manera directa a la cotización de la acción, con lo que está produciendo un daño patrimonial a los miles de pequeños accionistas que representan una amplia mayoría del capital social de la compañía", añade.
Acción concertada
En la citada carta a Buenaventura, Javier Cremades García, Presidente de Cremades & Calvo Sotelo Abogados, expone que "existen razones más que suficientes para considerar que se ha producido una concertación entre Sepi, Sapa y Amber, al objeto de proceder a la toma de control de la compañía, tanto a nivel accionarial como de Consejo de Administración". Es por ello que, según la normativa española y europea, "nos encontraríamos ante un supuesto de toma de control de la compañía, que les obliga a tener que formular una oferta pública de adquisición de acciones (OPA), a todos los accionistas, a un precio equitativo. Las reglas del mercado son claras en este punto. Nada obsta a que quien lo desee pueda alcanzar el control de una compañía cotizada, pero si lo hace, ha de cumplir escrupulosamente con las normas que regulan los mercados de valores y lanzar una opa. Y esto afecta también a la SEPI, que no se halla al margen de la Ley", matiza la misiva.
En la citada carta, Cremades García destaca también que "en todo caso sería exigible que, ante esta evidente toma de control los accionistas concertados explicaran al mercado cuál es el proyecto empresarial o la operación corporativa que promueven y que, al parecer, obstaculizaban los consejeros independientes, razón por la que han sido finalmente cesados.
Asimismo, en su opinión, se deberían pedir garantías a los accionistas significativos que actualmente tienen el control del Consejo de que los nuevos consejeros que se nombren sean realmente independientes. Igualmente, añade el bufete que "sería deseable que, en el más breve plazo, la CNMV exija la inmediata puesta a disposición del público de los motivos por los que los consejeros independientes han sido cesados en su cargo", concluye.
