Bruselas tacha de "autoamnistía" que el Gobierno aprobara la ley para lograr la impunidad de sus socios

La Comisión Europea considera que la Ley de Amnistía más bien puede ser una "autoamnistía" puesto que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó la norma para garantizar la inmunidad de sus socios (Junts) a cambio de los siete votos para alcanzar la presidencia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha celebrado este martes la primera vista sobre la norma española, que dio comienzo a las 9:00 horas y se extendió casi cuatro horas.

El abogado que representa a la Comisión Europea, Carlos Urraca Caviedes, sostuvo que si hay respaldo para considerar que son contrarias al Estado de Derecho las autoamnistías de quien ostenta el poder político para blindarse blindarse, el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad a sus socios a cambio del apoyo parlamentaria.

Asimismo, la Comisión también expresó sus dudas de que la ley realmente responda al interés general de los ciudadanos para alcanzar la estabilidad tras el proceso independentista catalán.

El abogado también criticó que la norma se tramitara, en contra de la recomendación de la Comisión de Venecia, por la vía de urgencia, ya que este proceso eludió importantes informes de órganos consultivos y que no se sometiera a consulta pública. La Comisión de Venecia señaló que la Ley de Amnistía ahondó aún más la división de la clase política, las instituciones, el mundo judicial, académico y la sociedad española.

Pese a ello, añade, las autoridades españolas no atendieron a sus recomendaciones de tomarse el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales y la oposición para lograr la invocada reconciliación social y política.

Finalmente, también cuestionó que la norma solo diera a los jueces dos meses para aplicar la ley de amnistía ya que podría ser tiempo insuficiente para que adopten las medidas procesales pertinentes como la obtención de pruebas adicionales o audiencia de personas para evaluar a fondo el asunto.

El Gobierno recuerda el aval del Constitucional

Por su parte, la abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis, que representa al Gobierno, defendió que la ley responde al desafío grave al sistema constitucional español del proceso independentista catalán con el objetivo de lograr la reconciliación sin eludir la compensación a las víctimas, como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La abogada recordó que el Tribunal Constitucional ha avalado la norma y constató que responde a un fin explícito, legítimo y razonable para reducir la tensión nacional y política y facilitar el escenario de reconciliación.

Finalmente, respecto a que se ignorara la recomendación de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario de diálogo para alcanzar un acuerdo común, dijo que la tramitación de la norma se llevó a cabo respetando los reglamentos del Congreso y del Senado.

Asimismo, defendió que la ley no vulnera la independencia judicial ni el principio de separación de poderes ya que no sustituye la labor judicial en la determinación de la culpabilidad ni en la aplicación de la norma.

El Gobierno ve razonable el plazo de dos meses para que los jueces apliquen la amnistía y descarta presiones ya que el incumplimiento de los plazos solo tiene impacto disciplinario cuando se hace de forma injustificada y sin motivar.