La deuda de la industria alimentaria española bate récord histórico en plena subida de los costes y con el consumo y los beneficios disminuyendo. De acuerdo con un informe del ministerio de Agricultura, elaborado con datos del Banco de España, el endeudamiento del sector ha superado por primera vez al cierre del último año los 25.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,1% respecto al cierre del tercer trimestre y del 4,5% si se compra con el cierre del año anterior.
El nivel de endeudamiento de la industria de alimentación, bebidas y tabaco equivale así ya al 100,5% de su Valor Añadido Bruto (VAB), justo cuando se encadenan cinco meses consecutivos de caída del consumo. De acuerdo con los últimos datos disponibles de la consultora NIQ, las ventas se redujeron un 2,6% el pasado mes de febrero después de haberse desplomado ya un 4,5% en el mes de enero.
Las perspectivas, además, son pesimistas y en el sector cada vez son más las voces que alertan de una fuerte caída de las ventas en volumen, al menos en el primer semestre del año, lo que puede acabar repercutiendo en la inversión y el empleo. De momento, sin embargo, el incremento de la deuda no va acompañado de un aumento de la morosidad.
Créditos dudosos
Según señala en su informe el ministerio de Agricultura y Alimentación, "la tasa de créditos dudosos en la industria desciende ligeramente con respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 3,2%". Es una tasa que está muy por debajo de los niveles alcanzados por ejemplo en 2013, en plena crisis, cuando la morosidad repuntó al 12,6%. Además, la tasa sigue por debajo del ratio de créditos dudosos que tienen el sector agrario o el pesquero, con el 4,9 y el 5,7% respectivamente.
Frente a lo que ocurre en la industria alimentaria, el crédito total tanto del sector agrario como del pesquero han descendido un 2% en el último trimestre del año pasado con respecto a los tres meses precedentes. Agricultura resalta, no obstante, que "con estos datos, el nivel de endeudamiento del sector agrario se sitúa en 21.586 millones de euros, cifra que equivale al 77,5% de la Renta Agraria Anual". El problema es que la subida de los costes, tanto en el sector primario, como en las alimentarias no da tregua y el sector no solo tiene que endeudarse para el desarrollo de su actividad, sino que necesita además subir los precios.
Los precios de las industrias fabricantes de alimentos subieron en febrero un 20% respecto a los de hace un año -un 11,1 % en el caso de los de las bebidas-, según dato del Instituto Nacional de Estadística (INE). El índice de precios industriales (IPRI) refleja, en concreto, una subida mensual del 0,7 % en la rama de alimentación y del 0,8 % en las bebidas y una inflación mayor en estos sectores respecto a los índices generales. Estas subidas, sin embargo, no compensan el incremento de los costes, por lo que, según advierten de forma reiterada desde el sector, los márgenes se están reduciendo.
A la espera de que se hagan públicos mañana viernes los datos de marzo, en conjunto los alimentos y bebidas se encarecieron un 16,6% en febrero en comparación con mismo mes de 2022, lo que supone la mayor variación interanual en más de veinte años. Según los expertos consultados por este periódico, el crecimiento tan abrupto en los precios de la cesta de la compra alimentaria podría dar a partir de ahora alguna señal de mejoría, sobre todo porque los precios de la materia prima agrícola están empezando a disminuir y, aunque existe todavía una gran incertidumbre por el contexto socioeconómico, habrá que esperar por lo menos hasta final de año para que se vuelva a ver una cierta normalización.
Inflación
Pese a este fuerte incremento de la inflación, el Gobierno sigue negándose a una rebaja del IVA de la carne o el pescado para tratar de dar un respiro a los precios, insistiendo en cambio en vigilar los márgenes de las empresas. En este línea, el pasado martes, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció desde Washington la creación de un observatorio de márgenes empresariales, lo que ha provocado un fuerte malestar entre la CEOE.
Ayer, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, criticó el anuncio y aseguró que se trataba de un nuevo instrumento intervencionista. "Si lo que estamos hablando es de más intervencionismo, pues no compartiremos el tema", ha declarado, al tiempo que dejaba claro que las empresas "tienen que ganar dinero".