La diferencia entre los precios que cobran los agricultores y ganaderos y lo que pagan los consumidores en los supermercados ha caído al mínimo en una década. De acuerdo con el informe mensual que elabora Coag, el Ipod -el índice que mide las veces que se incrementa el precio entre el origen y el destino- ha caído hasta 3,66, el nivel más bajo desde 2013. En febrero de 2021 el índice tocó máximos en 4,74 y hace un año se situó en 4,37.
Desde Coag reconocen que "debido al aumento de los costes los precios en origen han subido", por lo que las diferencias se han estrechado. Pero eso no hubiera sido posible tampoco si, al mismo tiempo, la industria y los distribuidores, no hubieran ajustado sus márgenes. Es algo que se aprecia de forma clara, por ejemplo, en productos como las naranjas, los limones, la leche o la carne de cerdo.
En el caso de las naranjas hace un año se vendían en el campo a 0,16 euros por kilo y se vendían en el súper a 1,56. Es decir, casi diez veces más caras. Hoy, en cambio, la diferencia de precios, aunque sigue siendo muy abultada entre el principio y el final de la cadena, se ha reducido a la mitad, hasta cinco veces. El precio en el campo es de 0,37 y en las tiendas de 1,89.
Diferencias de precios
Y algo parecido ha ocurrido también con el cerdo. Hace un año el kilo de carne valía en origen 1,18 euros y se pagaba en los supermercados a 5,99 euros, lo que implicaba multiplicar el coste por cinco. Hoy, en cambio, y de acuerdo siempre con los datos de Coag, el precio en origen ha aumentado hasta 1,90 y en destino se ha situado en 6,41 euros, con lo que la diferencia se ha reducido a poco más de tres veces. Del mismo modo, la diferencia de precios a lo largo de la cadena en el caso de la leche ha pasado de 2,11 veces a 1,73; en el de los limones de 9,30 veces a 7,15; en el de las patatas de 7,19 a 4,6 y en el de las cebollas de 6,32 a 4,41.
No obstante, hay un caso donde se ha producido justo todo lo contrario: el del ajo. En febrero de 2022 se pagaba por este producto 8,5 veces más en el supermercado que en el campo y ahora esa diferencia se ha elevado hasta 9,77 veces, un récord absoluto. Actualmente, los agricultores cobran 0,61 euros por kilo de ajos en el campo y los consumidores pagan en las tiendas una media de 5,96 euros. Algo similar ha ocurrido con el cordero que se ha incrementado su valor 4,09 veces en las cadenas de distribución. Así, las acelgas en el supermercado se pagan a 2,85 euros el kilo, mientras que en origen su valor es mucho inferior, en concreto 0,51 euros el kilo.
En el sector la preocupación es máxima por la caída de las ventas. María Luisa Álvarez, directora general de Fedespesca, dio ayer la voz de alarma asegurando que "en enero de este año el consumo de productos frescos ha caído notablemente. La cesta de la compra cada vez es menor, la gente está comiendo menos, y ahora tiende a comprar otras alternativas más asequibles y menos saludables". España no es, en cualquier caso, el único país en el que los distribuidores están bajo los focos por la subida del precio de los alimentos.
Inspección portuguesa
Después de que Francia llegara a un pacto con los supermercados para topar el precio de determinados alimentos, Portugal ha subido la presión con una macrooperación ayer para inspeccionar a las distintas cadenas y analizar si se está produciendo una subida artificial de los márgenes, según un anuncio realizado por el ministro de Economía, Antonio Costa Silva. Entre las empresas afectadas están las españolas Mercadona, Froiz y Dia, que es propietaria de Mini Preço.
En febrero, la inflación global llegó al 8,2%; sin embargo, en el caso de los alimentos ronda el 21% y sigue en aumento, alcanzando uno de los niveles más altos de toda Europa. "Es un tema que nos preocupa mucho", aseguró Costa Silva. La cesta de productos básicos en el país pasó de 74,90 euros a 96,44 euros desde enero de 2022 hasta febrero de 2023, un crecimiento de casi el 29% y con picos de hasta el 50%. En el dispositivo participaron ayer 38 brigadas de funcionarios en un gran operativo nacional que tenía como objetivo "intensificar la fiscalización" en el sector alimentario para "entender qué está pasando".
