
El nuevo impuesto al plástico, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, amenaza con provocar una nueva subida de los precios. Esa es la advertencia que han lanzado por carta esta misma semana a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, 15 patronales que representan a más de 40.000 empresas del sector del motor, la alimentación, la distribución, la química, la droguería y la perfumería, además de la propia industria del plástico.
El gravamen establece una tasa de 45 céntimos por kilogramo de plástico de un solo uso y se sumará a la larga lista de los beneficios caídos del cielo que recibe el Estado por la vía tributaria. Según el estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), a nivel económico supondrá unos ingresos de alrededor de 2.000 millones de euros anuales para Hacienda, con un especial impacto en la industria alimentaria.
El origen de este impuesto reside en Bruselas, cuando en 2020 se creó una categoría de recursos propios de la UE basada en contribuciones nacionales calculadas en función de los envases de plásticos no reciclados. Desde 2021, cada país debe pagar 80 céntimos por kilo de residuo al que no le dé una segunda vida.
La misiva remitida a la ministra de Hacienda está firmada por Anfac, la patronal de los fabricantes de automoción; varias organizaciones de la distribución y la industria alimentaria -Aecoc, Aces, Anged, Asedas Fiab y Cooperativas Agroalimentarias-; la patronal de la industria química, Feique; la asociación de perfumería Stampa; la de los detergentes y productos de limpiza, Adelma y todas las representantes de la industria de los plásticos: EsPlásticos, Aimplas, Cicloplast, Plastics Europe y la Asociación Española de Industrias del Plástico (Anaip).
Inflación
Los firmantes advierten en la carta a Montero de que "la introducción de una nueva carga fiscal a un sector sometido a grandes presiones y exigencias normativas no resultaría beneficiosa en estos momentos, sino todo lo contrario, contribuyendo al alza inflacionista". Todo ello además, según dicen, cuando "las previsiones apuntan a que el contexto económico se mantendrá adverso en los próximos meses" y se augura "un futuro incierto y desfavorable".

En la carta, las patronales recuerdan, de hecho, que "el Banco Central Europeo advierte del riesgo de estancamiento de la economía con incrementos elevados y sostenidos de los precios y de recesión en la eurozona", una situación que el impuesto podría agravar. El objetivo de estas organizaciones no es, en cualquier caso, la retirada del impuesto, sino un aplazamiento del mismo. Así, y tras denunciar que siguen quedando muchas dudas y aspectos clave por resolver, con un efecto directo en la aplicación del tributo, insisten en que se considere "retrasar la entrada en vigor del impuesto al menos hasta el 1 de enero de 2024".
Las empresas piden margen
En opinión de los sectores afectados, esto permitiría dar algo de margen para aclarar las cuestiones prácticas pendientes y supondría "un respiro a las empresas y ciudadanos de nuestro país, garantizando la necesaria certidumbre jurídica para el buen funcionamiento del impuesto". El presidente ejecutivo de Acoplásticos, Daniel Mitchell, ya adelantaba en un foro reciente organizado por ABC que "el impuesto impactará inevitablemente en el precio final de los productos que se venden en paquetes pequeños y subirán hasta un 7%".
Alzas
De acuerdo con el estudio de Acoplásticos, los detergentes y los productos higiénicos tendrá un incremento entre el 3% y el 5% en su precio final, algo similar a lo que ocurrirá con las bebidas. Los productos menos perjudicados por estas subidas serán lo lácteos (leche, queso y yogur), con un aumento entre el 1% y el 3%.
Más allá de los precios, son muchas las trabas que hay para la reducción del consumo de plásticos, que es lo que persigue el nuevo impuesto. Uno de los principales problemas, tal y como apunta la gerente de sostenibilidad de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), Cinta Bosh, es que "el plástico es indispensable para muchos usos e insustituible". Además, a pesar de las variaciones de precios, otro de los inconvenientes es la escasez de producto reciclado que sea de calidad para poder abastecer a toda la industria alimentaria. Por lo que todo esto tendrá repercusiones negativas en la competitividad de las empresas.
Espiral de costes
Al magen del plástico, las Administraciones Públicas han acelerado en cualquier caso la espiral de costes en el sector del comercio en plena crisis energética y con los precios de los alimentos subiendo sin freno. En el último año, las empresas se han visto afectadas en total por más de una treintena de medidas que, según denuncian, encarecen sus costes por distintas vías: más impuestos y cotizaciones, nuevas obligaciones para el ejercicio de su actividad, importantes requerimientos de inversión para adaptar su negocio a la nueva regulación y altos costes de transacción ocasionados por la complejidad y fragmentación de las normas. Y eso, al margen de un aumento de las cotizaciones sociales que pagan las empresas.