Lo hicieron en lo peor de la pandemia causada por el Covid-19 y lo vuelven a hacer ahora. Las Administraciones Públicas han acelerado la espiral de costes en el sector del comercio en plena crisis energética y con los precios de los alimentos subiendo sin freno. Y todo ello mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, exigen topar el precio de determinados alimentos.
En el último año, las empresas se han visto afectadas en total por más de una treintena de medidas que, según denuncian, encarecen sus costes por distintas vías: más impuestos y cotizaciones, nuevas obligaciones para el ejercicio de su actividad, importantes requerimientos de inversión para adaptar su negocio a la nueva regulación y altos costes de transacción ocasionados por la complejidad y fragmentación de las normas y la ruptura del mercado único.
Al margen de un aumento de las cotizaciones sociales que pagan las empresas, en términos tributarios se ha puesto en marcha un nuevo impuesto a los envases de plásticos de un solo uso; hay un endurecimiento de la fiscalidad de los sistemas de refrigeración, con una modificación del impuesto de gases fluorados, que no se aplica en la mayor parte de la Unión Europea y que supondrá un encarecimiento de entre el 5% y el 10%, según han denunciado las principales asociaciones del sector; y un aumento además del IVA para las bebidas azucaradas y edulcoradas, que pasan de tributar al 10% a hacerlo al 21% y que se une al impuesto sobre las mismas que ya existía en Cataluña.
Escalada normativa
Entre las medidas que encarecen la actividad con la introducción de nuevos costes, hay que destacar, por ejemplo, los ambiciosos objetivos de reducción del consumo de determinados envases de un solo uso, a lo que añade la falta de claridad sobre los productos afectados;la introducción obligatoria del SDDR, el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases; los nuevos requisitos de etiquetado que se están impulsando, con el uso en los mismos de las lenguas cooficiales, la prohibición para los transportistas de descarga de mercancías de más de 7,5 toneladas o las nuevas sanciones por el deperdicio.
Inversiones
Pero es que las empresas deberán además asumir costes añadidos por la obligación de llevar a cabo distintas inversiones en todo tipo de ámbitos. Se trata, por ejemplo, de los nuevos requisitos para la instalación de placas de energía solar fotovoltaica en algunas comunidades autónomas; la obligación de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en los parking, que se adelante dos años a la directiva europea e impone un plazo de apliación, requirimientos técnicos y costes financieros "muy difíciles de aplicar", según el sector; y la reserva obligatoria del 20% del espacio comercial para alimentación a granel o envases reutilizables, a partir de 2023 para tiendas de más de 400 metros cuadrados.
Desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que defiende los intereses de compañías como Carrefour, Eroski, Alcampo o El Corte Inglés, denuncian además que en España se está avanzando "más rápido y con mayor carga regulatoria que la recogida en las propias directivas europeas en cuestiones como cadenas de valor, etiquetados, economía circular, plásticos, residuos o transición energética". Y todo ello con regulaciones fragmentadas incluso entre las distintas comunidades autónomas, lo que encarece aún más el precio de los productos.
Medidas fiscales
Ante todo ello, tanto Anged como las dos grandes patronales de supermercados -Asedas y Aces- reclaman "avanzar en medidas con un impacto más directo en la renta disponible de los hogares como la reducción del IVA a los alimentos o la deflactación del del IRPF", en lugar de incrementar los costes del sector y obligar después a las cadenas de distribución a poner un tope al precio de los alimentos para tratar de frenar la inflación.
Desde el sector insisten, además, en que, más allá del aumento de los costes regulatorios y los nuevos impuestos aprobados, "conviene no olvidar que la raíz del problema de inflación no es otra que el encarecimiento desproporcionado de la energía, los combustibles y las materias primas".
Por poner unos pocos ejemplos, la electricidad en los mercados mayoristas ha escalado un 282% desde enero de 2021 hasta julio de 2022 y el gas lo ha hecho en un 395%. En este periodo, componentes tan importantes para la producción primaria o la industria alimentaria como los cereales se han encarecido por encima del 170%. Mientras que el vidrio, el cartón o el plástico para envases repuntan en el entorno del 120%. "Trasladado al IPC, los últimos datos disponibles de julio muestras cómo los componentes energéticos explican más del 40% del encarecimiento de precios. Los combustibles han acelerado su encarecimiento un 95,7%, el gas alcanza tasas del 204% y la electricidad se acerca al 50%, después del pico de marzo", según aseguran en Anged.
Los datos respaldan además la posición de la gran distribución ante la propuesta del tope de precios de Yolanda Díaz. Mientras que el IPC de los alimentos ha subido un agosto un 13,8% interanual, el último dato del Índice de Precios Industriales (IPRI) de alimentación, correspondiente al pasado mes de julio, refleja un incremento del 19%, lo que supone 5,2 puntos porcentuales más.
