El tiempo corre en su contra y las circunstancias agravan la demora que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, está aplicando a la decisión de suspender, o no, cautelarmente el acta de los políticos presos por el procés. Después del varapalo del Tribunal Supremo, que por segunda vez consecutiva insistió el jueves en que la competencia de esa acción corresponde a la Mesa del Congreso y a ninguna otra institución más -amén de las denuncias y posibles reprobaciones de PP, Ciudadanos y Vox-, fuentes de Zarzuela explicaron este jueves a elEconomista, que es la exministra de Política Territorial y dirigente del PSC quien tiene que decidir qué representantes políticos acudirán a Casa Real en la ronda de contactos que el monarca mantiene en el arranque de la legislatura. Por tanto, es Batet quien ha de clarificar si los independentistas catalanes, pendientes de la justicia, pueden continuar como diputados, y si pueden o no acudir a visitar al Rey en la ronda de contactos.
La primera encrucijada
La encrucijada en la que se encuentra la flamante presidenta de las Cortes -con mayoría en la Mesa del bloque de izquierdas (tres representantes del PSOE y dos de Unidas Podemos, frente a cuatro de PP y de Ciudadanos)- no es cuestión menor. Una suspensión cautelar antes de las elecciones de este domingo despejaría las dudas que se ciernen sobre la actividad parlamentaria de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Eso sí, puede complicar pactos post-electorales y los apoyos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez.
En el caso de que este viernes Meritxell Batet concluya con este vaivén de dudas y de consultas a los letrados de las Cortes, y finalmente se moje diciendo qué quiere hacer con los políticos presos, entonces habrá resuelto otro de los grandes embrollos de esta incipiente legislatura: evitar o no que un político preso esté en condiciones de reunirse con el monarca, mientras siguen inmersos en un proceso judicial que los señala por un presunto golpe al Estado español.
Este jueves, Junts per Catalunya, además de exigirle a la presidenta Batet que defienda "la presunción de inocencia" de los políticos presos, confirmaba oficialmente que será Jordi Sànchez quien acudirá a la Zarzuela en nombre del partido que antes representaba en el Congreso los intereses de los convergentes catalanes. En este sentido, fuentes de Zarzuela aclaran que ni Jordi Sànchez ni otro político puede tomar una decisión autónoma para visitar al Rey, sin que antes la presidenta del Congreso haya acordado quienes serán las personas que van a representar a las distintas formaciones. Se trata de una relación de nombres que de inmediato ha de comunicar a la Casa Real, y es a partir de ese momento cuando Zarzuela fija con esos nombres las fechas y el orden de consultas.
¿Una decisión unilateral?
A dos días de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, estas circunstancias no se dan. Batet no ha comunicado absolutamente nada, luego el nombramiento de Jordi Sànchez, o bien es unilateral, o bien ha sido comunicado a la presidenta de la Cámara sin que ésta haya decidido qué hacer. La disyuntiva es si Batet va a permitir que Sànchez vaya al Palacio que se sitúa en los Montes del Pardo o, si antes, lo inhabilitará cautelarmente hasta que el Supremo falle el destino de los políticos presos por el procés.
El monumental lío que el Congreso tiene estos días con la suspensión cautelar de Junqueras, Turull, Rull y Sànchez hace presagiar que la presentación consolidada de los nombres de los diputados que se reunirán con el Rey no llegará a Zarzuela antes de la próxima semana.
Un pacto con los golpistas
Bajo este umbral político, el líder del PP, Pablo Casado, afirmó el jueves que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, tiene un "pacto" con los independentistas para asegurarse su investidura como presidente del Gobierno "a cambio de indultos" a los "golpistas". Dicho esto, le emplazó a desvelarlo antes de las elecciones del domingo, porque "los españoles no se merecen un Gobierno que esté ocultando la verdad".
"Lo digo así de claro porque no me cabe la menor duda de que ya han pactado escaños por indultos", resaltó Casado en un acto electoral en Barcelona, donde ha aludido al breve encuentro entre Oriol Junqueras y Pedro Sánchez en la sesión constitutiva del Congreso en la que el primero le dijo 'tenemos que hablar' y el presidente le respondió 'no te preocupes'.
El líder del PP asevera que a él "le preocupa" esa respuesta de Sánchez, igual que "a los demócratas españoles". "Lo hemos visto es la ocultación de una estrategia premeditada por parte de Sánchez y Junqueras que acaba conduciendo a los indultos", abundó.
Entre tanto, Ciudadanos registró un escrito pidiendo a la Mesa del Congreso que revise todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución utilizadas en la sesión constitutiva de este martes, con el fin de certificar que se cumplió el trámite adecuadamente, pues la formación naranja insiste en que los diputados independentistas cometieron "fraude de ley" y, por tanto, no asumieron plenamente su condición de parlamentarios.
Mientras, el partido de Santiago Abascal, Vox, solicita también que se concrete una fórmula cerrada de acatamiento de la Constitución para evitar "tomaduras de pelo".
Oriol Pujol deberá volver a la cárcel
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Barcelona ha estimado el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado que el exdiputado por CiU del Parlamento catalán Oriol Pujol disfrutaba desde el 29 de marzo. El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol fue condenado a dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad en documento mercantil por el 'caso ITV', pero se le concedió el tercer grado cuando no habían transcurrido ni dos meses desde su ingreso en prisión. La Fiscalía presentó recurso en abril por ver "trato privilegiado" hacia Pujol. En su escrito, pedía que se le clasificara en segundo grado, y lamentaba que se transmitía "un peligrosísimo mensaje de que es rentable delinquir" y que la ley no es igual para todos, según Ep. La jueza ha valorado que el caso de Pujol no cumple los requisitos para el tercer grado, y que su actuación delictiva produjo un descrédito de las instituciones por su cargo público. La decisión implica el reingreso inmediato en prisión.
