El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado este miércoles a la Policía Nacional por presuntos delitos de detenciones ilegales y usurpación de atribuciones por el arresto en Girona el miércoles pasado de 16 personas -entre ellas, dos alcaldes de la CUP y un sobrino del político- por supuestos desórdenes en el corte de las vías del AVE en el aniversario del 1-O.
La denuncia firmada por Torra está dirigida al juzgado de instrucción de Girona en funciones de guardia contra el responsable de la Policía Nacional que ordenó las detenciones y los agentes "que en la actuación concreta de detención hubieran podido incurrir en vulneración de derechos de los detenidos".
Torra había anunciado la presentación de la denuncia este mismo miércoles por la mañana en la sesión de control parlamentario al presidente. También indica que, en función del resultado de la investigación, "no se descarta que los hechos pudieran llegar a constituir diversos delitos de trato degradante".
Torra había anunciado la presentación de la denuncia este mismo miércoles por la mañana en la sesión de control parlamentario al presidente.
Sin orden judicial
En el escrito, alega que las detenciones "no han sido acordadas por decisión del Juzgado de Instrucción núm.4 de Girona que conoce de la denuncia presentada por Adif a raíz de las protestas llevadas a cabo el día 1 de octubre de 2018", sino que se hicieron por iniciativa y decisión de la Policía Nacional.
Y recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) hizo público que se trataba de detenciones policiales no ordenadas por el juez, a pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "manifestó que las detenciones habían sido autorizadas" judicialmente.
Añade que no hay indicios de que alguno de los detenidos se encuentre en los supuestos de los artículos 490 y 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que regulan los arrestos policiales-, y que "consta también que las detenciones no se produjeron en caso de flagrante delito ni mucho menos figura ningún dato que avale que alguno de los detenidos estuviera en situación de no comparecer a una hipotética citación" judicial.
En la denuncia también explica que el abogado del alcalde de Verges (Girona), Ignasi Sabater (CUP), criticó "que se le había bloqueado durante mucho rato el acceso al lugar de la detención, y por lo tanto la asistencia a la persona detenida, por el hecho de haberse dirigido a un policía nacional en lengua catalana".
Protesta al Gobierno
El asunto fue tratado en el último encuentro bilateral entre el Gobierno y el Govern. En una reunión celebrada en Madrid el pasado jueves, el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, protestaron por estas detenciones ante la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Aragonès y Artadi trasladaron a Calvo su "protesta e indignación" y, según fuentes del Govern, éste fue el primer punto del orden del día y un motivo por el que se alargó la duración del encuentro.
La Generalitat aseguró haber sacado el tema con "contundencia" y detalló que Calvo les respondió que era una cuestión que no competía al Gobierno ni en particular al Ministerio del Interior, sino al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).