El PP postula como candidato a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, por tanto, a la del Tribunal Supremo, al magistrado Manuel Marchena, que sucedería en ambos cargos a Carlos Lesmes, cuyo mandato expira el 4 de diciembre. Marchena, encuadrado en el sector conservador de la judicatura, encabeza la Sala de lo Penal del Supremo, que deberá enjuiciar el procés catalán.
El PP ha sugerido este nombre pese a que dan casi por seguro que el PSOE se opondrá. Los socialistas, que ultiman estos días con los 'populares' la nueva composición del CGPJ, prefieren un candidato más moderado y preferiblemente mujer.
La Mesa del Congreso prorrogó esta semana hasta el próximo día 12 de noviembre el plazo para que los grupos parlamentarios presenten los candidatos que corresponde elegir a la Cámara Baja en el marco de la renovación del CGPJ, cuyo mandato expira el 4 de diciembre. Como en anteriores ocasiones, la prórroga ha sido solicitada por PP y PSOE.
El Senado, por su parte, ya decidió hace días prorrogar hasta el 18 de diciembre el plazo para proponer los vocales que le corresponden, es decir, más allá de la fecha de caducidad del mandato del Consejo que preside Carlos Lesmes. En todo caso, los grupos parlamentarios aseguran no haber empezado aún las conversaciones para ir seleccionando nombres para el nuevo CGPJ.
Las Cortes deben votar por mayoría cualificada a los 20 vocales del Consejo, de los que doce han de ser jueces o magistrados preseleccionados por la carrera profesional, y los otros ocho son juristas de reconocido prestigio propuestos por los grupos políticos. La mitad del CGPJ se elige en el Congreso y la otra mitad en el Senado y, dada la aritmética parlamentaria y la exigencia de mayorías, es imprescindible que PP y PSOE se pongan de acuerdo.
51 candidatos para 12 asientos
El pasado 27 de septiembre, Lesmes remitió al Congreso y al Senado una lista con los 51 candidatos seleccionados por las asociaciones y la carrera judicial para intentar ocupar esos doce asientos reservados a magistrados.
En esa lista figura Gema Espinosa, magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, así como la exdiputada de Podemos y juez en Canarias Victoria Rosell y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, la pieza relativa a las 'tarjetas Black' o los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).
La lista la integran, además, candidatos tanto independientes como presentados por las asociaciones judiciales para que puedan ser elegidos en el cupo de 12 vocales pertenecientes a la carrera judicial por el Congreso y el Senado. Se da la circunstancia de que Espinosa es la independiente que más avales ha reunido entre sus compañeros, un total de 309.
Entre los aspirantes que han quedado fuera, por no cumplir el requisito de ser juez en activo está el magistrado de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, a quien se atribuyen las frases más duras contra el PP de la sentencia del caso Gürtel que detonó la moción de censura contra Mariano Rajoy. De Prada se encontraba en excedencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya y no se le ha concedido el ingreso, por no estar acreditada la renuncia en dicho puesto, lo que el juez ha tildado de "sanción encubierta".
Entre los que sí podrán aspirar a uno de las 12 plazas de vocales de origen judicial está José María Fernández Seijo, actualmente en la Sección 15 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona y que se hizo popular por ser el juez que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que opta a vocal a propuesta de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD).
