El Govern catalán prevé denunciar ante la Fiscalía al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y al de la Sala tercera contenciosa administrativa, Luis Díez-Picazo, por la sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas.
Lo ha anunciado este viernes la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Elsa Artadi, en declaraciones a los medios en el Parlament, y ha sostenido que la Fiscalía debe investigar a los "responsables" de la sentencia.
Artadi ha afirmado que hay una "posible existencia de hechos delictivos", ya que considera que el cambio de criterio del Supremo sobre este tema supone una violación de las propias leyes de funcionamiento del tribunal. La consellera de Presidencia también explicado que la denuncia se presentará presumiblemente el próximo martes, día 13, tras la reunión del ejecutivo catalán.
Para ella, hay algunas irregularidades en los procedimientos que ha seguido el Supremo en la revisión de la sentencia sobre las hipotecas y que ha habido "posibles intereses que puedan tener ciertas personas que han influido" en la decisión final.
Asimismo, ha explicado que el Govern tiene previsto presentar la denuncia el próximo martes y que ha valorado varias opciones, entre las que descartaron presentar la denuncia ante el Supremo porque veían "complicado" que tuviera recorrido. En cambio, defiende que la Fiscalía "está obligada a investigar" y tiene que garantizar que todos los órganos funcionan de manera correcta y rindan cuentas ante posibles abusos, a su juicio.
El independentismo aprovecha la sentencia para socavar a la Justicia española
Artadi ha destacado que en esta semana se han producido cinco ejemplos de que la "injusticia española es una amenaza contra la democracia y el Estado de derecho".
Se refiere a los escritos de acusación contra los procesados por el 1-O; la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el caso de Arnaldo Otegi; la decisión de la justicia belga de trasladar el caso del rapero Valtonyc al Tribunal de Justicia de la UE; el fallo del Supremo sobre las hipotecas, y las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre los presos soberanistas.
"Tenemos la obligación de condenarlo, llevarlo ante la justicia y combatir estas acciones que están afectando a toda la ciudadanía, la democracia, las libertades y los derechos", ha reivindicado.
Sobre que Calvo dijera que los presos soberanistas están en la cárcel por cometer delitos, Artadi ha criticado que en estas declaraciones "daba por culpables a personas que no han pasado por ningún juicio" y ha alertado de que esto supone una vulneración de directivas europeas.
"O bien se tiene que retractar o bien se tendrá que estudiar cómo se procede ante esta violación de una directiva europea por parte de la vicepresidenta", ha advertido.
