Madrid
La próxima salida de Carlos Lesmes, un jurista próximo a las tesis del PP, el próximo 4 de diciembre, ha abierto una guerra sucesoria en el Tribunal Supremo que ha coincidido con el estallido del caso de las hipotecas, su sentencia e insólita rectificación.
Puede presentarse cualquier juez que cuente con el aval de al menos 25 miembros de la carrera judicial o el de una asociación judicial, pero los nombres de los futuros vocales serán nuevamente elegidos previo acuerdo de los partidos. La renovación del Consejo llega sin que las Cortes hayan abordado el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aunque en 2017, PSOE y Podemos se mostraron muy activos para presentar sendas iniciativas coincidentes para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), antes de la renovación.
Sin embargo, la reforma del sistema no ha salido adelante por falta de voluntad política, y llega en un momento muy complicado, puesto que el Congreso está dividido como nunca lo ha estado y el Senado cuenta con mayoría absoluta del PP. Esta situación puede llevar a que se den pocos cambios entre los vocales del CGPJ.
Sorprende el silencio sepulcral de los miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en el colectivo y de carácter conservador, ante la situación creada con la avocación del Pleno tras la sentencia controvertida sobre quien paga el AJD.
Por el contrario, Margarita Robles, la actual ministra de Defensa, se dejó llevar ayer por las emociones y vulneró el tradicional respeto a las decisiones judiciales de los miembros del Ejecutivo, que establece en las democracias la separación de poderes.
La actual ministra no pudo abstraerse de su pasado como magistrada y presidenta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, condición de la que fue privada en 2013 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidido por Carlos Lesmes, cuando decidió volver a la política como diputada del PSOE. Robles calificó de "venganza" la actuación del CGPJ.
Y ayer, Robles tachaba de "insólita" la decisión del Supremo de revisar la sentencia sobre quien debe pagar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y se despachó diciendo que "no puede compartir" el criterio del presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo.
La elección por parte del Poder Judicial de Díez-Picazo en 2015, que sustituyó a José Manuel Sieira, levantó una enorme polémica y contó con la oposición de los vocales progresistas, que lo entendieron como una maniobra de Lesmes, para situar en el puesto a un magistrado más afín a su figura. Desde entonces la polémica se ha retroalimentado.
Por ello, no extraña la salida de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia, de carácter progresista, solicitando la dimisión de Díez-Picazo, ni la demanda por prevaricación presentada contra él por Podemos ante el Supremo. Ni que IU haya registrado en el Congreso una petición para que Carlos Lesmes comparezca en la Cámara Baja para informar de la "vergonzosa e inaudita marcha atrás" de la sentencia sobre los gastos de las hipotecas. Estamos en periodo preelectoral.
