Podemos ha presentado una querella por prevaricación contra el presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del Supremo, Luis María Díez-Picazo, por su gestión de la sentencia en la que el alto tribunal atribuyó el pago del impuesto de las hipotecas a la banca.
"No podemos permitir que la Justicia sirva a intereses económicos y políticos de los poderosos", ha dicho la dirigente de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, al anunciar en Twitter la presentación de esa querella.
Juezas y jueces por la Democracia exigieron el lunes la dimisión del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tras conocer su actuación con respecto a la Sentencia 1505/2018 publicada el pasado 18 de octubre.
La portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, ha pedido la dimisión de Díez-Picazo este martes al relacionar la paralización del fallo al haber dado clase en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), propieda de la Asociación Española de la Banca.
En declaraciones antes de la Junta de Portavoces, Martín calificó de "vergonzosa" la revisión de la sentencia de la Sección Segunda de la Sala que asignó a los bancos el pago de los impuestos derivados de la constitución de las hipotecas pero que será reevaluada por el Pleno de la Sala el próximo 5 de noviembre, y de "escándalo" la colisión de intereses en que se ve inmerso Díez-Picazo por trabajar en Cunef.
Por todo ello, anunciaba que Unidos Podemos se suma a la petición de dimisión ya planteada por la asociación Jueces para la Democracia y lamentó "el descrédito de la Justicia" y que se visibilice el "inmenso poder de la banca".
Además, dijo alegrarse de que la ministra de Defensa y exmagistrada, Margarita Robles, haya criticado también la revisión de la sentencia y que espera que el día 5 no se rectifique. Ahora bien, recordó que el Gobierno tiene la posibilidad de dejar claro en un reglamento que depende solamente de él que los gastos hipotecarios corran a cargo de los bancos, y "lo puede hacer ya".
Desde En Marea, Antón Gómez-Reino incidió en que le parece "fuera de lugar que el Tribunal Supremo actúe de esta forma" en relación a una sentencia de una sección especializada en el tema y le instó a "aplicar la ley en función del interés general", antes de cuantificar la incidencia que tendría en Galicia.
