Muy pocos se han creído en el seno del Partido Socialista que la llegada a Ferraz de Iván Redondo, el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, el áulico demoscópico, se deba exclusivamente a la preparación de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. Entre bambalinas, ese movimiento se traduce como una muestra de debilidad y preocupación por un Gobierno que se desmorona por su exigua mayoría, y por los plagios, las sociedades tributarias y las relaciones con las cloacas del Estado. Sin duda un escenario poco halagüeño como para seguir manteniendo el discurso de agotar una legislatura. Por eso, desde distintos sectores del PSOE se reconoce la posibilidad de un adelanto electoral al mes de marzo, unos comicios antes, o puede que después de las municipales, y desde luego, que no coincidan con las autonómicas andaluzas. Al menos eso es lo que quiere una callada Susana Díaz, aunque puede que Moncloa tenga intereses distintos y no vea tan mal que generales y autonómicas coincidan, siempre en clave electoral.
La falta de apoyos parlamentarios sólidos y los distintos frentes abiertos del Gobierno ponen a Sánchez en una situación precaria
La amenaza de Quim Torra del pasado martes ha venido a corroborar la situación precaria en la que se encuentra Pedro Sánchez, aunque Moncloa trata de restar importancia y de encuadrar estas declaraciones en la típica guerra de mensajes a las puertas de una negociación presupuestaria. De hecho, el miércoles, el presidente del Gobierno le trasladó al presidente valenciano, Ximo Puig, que está convencido de aguantar en el sillón presidencial hasta 2020, e incluso de sacar adelante los Presupuestos.
A fecha de hoy, el otro gran escollo, el de las Cuentas Públicas de 2019, se haya en un periodo de negociación con muchos frentes abiertos. Sin senda fiscal aprobada, para empezar, el Gobierno ha de presentar el 15 de octubre ante Europa un borrador en el que cuadren las exigencias de Unidos Podemos, con una subida de impuestos que no acaba de sustanciarse, y unos ingresos que más parecen un deseo que una realidad. Amén, del último chantaje de la factoría del tándem Torra-Puigdemont, exigiendo un horizonte no muy lejano de referéndum de autodeterminación a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales.
En La Moncloa, la amenaza de Quim Torra ha caído, oficialmente, como un desbarre del protagonista que no cuenta ni con el respeto de sus socios de Govern, en este caso, de ERC, ni tampoco de una parte de PDeCAT. Claro que sus votos son imprescindibles para sacar adelante las Cuentas de 2019. Sin embargo, los socialistas mantienen que el president no tiene fuerza suficiente y lo del martes ha podido ser un farol, rebajado después con una carta, -interpretan-, razón por la que, "en estos meses de negociación no habrá adelanto electoral", señalan fuentes de La Moncloa.
El chantaje independentista a Sánchez sobre el apoyo a los Presupuestos le puede dar la excusa para un adelanto electoral
Según el analista político y experto en demoscopia José Luis Sanchís, la imprevisible situación en Cataluña aumenta las posibilidades del adelanto de unas elecciones generales. Dispara los pronósticos de un 40 hasta un 60%, reconoce a elEconomista.
La violencia en la calle y la espada de Damocles que los CDR blanden sobre los dirigentes independentistas respondiendo al grito de ¡traidor! (botifler) cada vez que aprecian el más mínimo atisbo de negociación con el Gobierno de España, y, por otra parte, el malestar de los Mossos frente a Torra, o la presión del juicio de los políticos presos, previsto para mediados de enero dibujan un calendario plagado de dificultades como para predisponer que el president de la Generalitat y el ciudadano de Waterloo anden ofreciendo oxígeno al Ejecutivo español. Sin embargo, ésta también puede ser una oportunidad, una baza para que el Gobierno de Sánchez se incline por un adelanto electoral, utilizando a favor en su argumentario el chantaje del tándem Torra-Puigdemont, y además la falta de apoyos de Estado para llevar a adelante los Presupuestos Generales de 2019. De ahí que marzo vuelva a aparecer en el calendario subrayado en rojo y con muchas papeletas para ser la fecha elegida. En el PP existen dudas de que Sánchez tenga Presupuestos antes de finales de año, y dan por hecho que el Gobierno socialista tendrá que prorrogar las Cuentas Públicas de Rajoy. De igual modo lo ve la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, quien piensa que las elecciones generales serán en marzo, o a lo sumo en el otoño de 2019. Tampoco otea Oramas Presupuestos. No lo ve así el presidente Sánchez, quien el miércoles se afanó en reiterar que está cada vez más cerca de conseguir los apoyos necesarios y presumir de Ley Presupuestaria.
PP y Ciudadanos piden la aplicación del artículo 155 y la convocatoria de nuevas elecciones generales
En este ambiente de escenificaciones presupuestarias, quien también se ha sumado a las presiones al Gobierno ha sido el PNV. Eso sí, con más cuidado que el president catalán y con un interés nulo por la celebración de unas generales.
Implacables contra Pedro Sánchez se muestran estos días el Partido Popular y la formación naranja que lidera Albert Rivera. Casado, por su parte, critica al Gobierno por arrodillarse ante Torra, aceptar el chantaje y la humillación, y en una tesitura como ésta, no haberle llamado para consultar con el constitucionalismo la situación de extrema gravedad, que en opinión del PP, justifica la aplicación de un 155 duro y permanente. Otro 155 quiere Cs exigiendo al mismo tiempo elecciones generales "cuanto antes", como el PP. Además, Rivera ha pedido al Congreso que se retrate estos días y explique por qué no ve razones suficientes para aplicar este artículo constitucional.
En este ambiente preelectoral, el Senado ha exigido al presidente Sánchez a que comparezca ante la Cámara Alta y despeje las dudas que se ciernen sobra la autoría de sus tesis doctoral. VOX también espera que se pronuncie el Supremo a quien ha elevado la misma causa.
