La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona que abran diligencias respecto a una lista de alcaldes catalanes de los que se ha tenido conocimiento que estarían colaborando en la preparación del referéndum de autodeterminación del próximo 1 de octubre. Un juez ordena el cierre de la web oficial del referéndum de Cataluña.
En el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordena a los Mossos que lleven a cabo su detención, según reza el oficio dictado por el fiscal general José Manuel Maza, que señala que las diligencias deben comenzar por los municipios implicados con mayor población.
El oficio de 5 páginas firmado este miércoles por Maza se refiere concretamente a la relación de municipios que apareció publicada en la web de la Asociación de Municipios por la Independencia y al hecho de que, paralelamente, el Govern continúe con los preparativos del "referéndum ilegal". En este punto cita la carta firmada por el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, "querellados por estos hechos en otro procedimiento ante el Tribunal de Justicia de Cataluña.
Maza ordena a los fiscales territoriales incoar diligencias de investigación en relación con cada uno de los ayuntamientos que aparecen en dicho listado y que se cite al alcalde por medio de la Policía Judicial "para que en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal declare en calidad de investigado y asistido de letrado".
En el caso de que el alcalde citado no comparezca, la orden señala que los fiscales deberán "acordar su detención y presentación en Fiscalía, oficiando a los Mossos d'Esquadra como Policía Judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible".
Para Maza, la notoriedad de la prohibición de "los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación" hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de "al menos" los delitos de desobediencia y prevaricación "en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico", ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también del de malversación de fondos públicos.
Este último, según advierte Maza en su escrito está penado con hasta 8 años de cárcel e inhabilitación absoluta por hasta 20 años "en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas".
Esta orden llega tan solo un días después de que la Fiscalía de Cataluña, dependiente de Maza, ordenase a los Mossos requisar las urnas para impedir la celebración de la consulta del 1-O. Una orden ya ha sido acatada por el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, que ha enviado una nota interna conminando a los agentes a realizar la tarea.
Por otro lado, las Fiscalías de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona han cursado instrucciones a las policías locales de todos los ayuntamientos catalanes para investigar cualquier preparativo del referéndum del 1-O. Pide a los cuerpos locales que investiguen cualquier hecho "encaminado a organizar el referéndum ilegal y a intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepararlo o a celebrarlo".
La CUP desobedecerá
La CUP ha anunciado que la treintena de alcaldes de la formación "no comparecerán" ante las citaciones del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. La formación ha emplazado al resto de fuerzas políticas a "hacer lo mismo" al amparo de la Ley del referéndum, ha informado en un comunicado. La CUP como tal gobierna en 28 ayuntamientos y, en otros dos -el de Sabadell y Badalona-, forma parte de la coalición que lidera los consistorios: Crida per Sabadell y Guanyem Badalona en Comú.
Ha reprochado que la Fiscalía General del Estado, "limitada por su estatuto", no puede ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante la citación, y que si las ordenase sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales, entre ellos el de libertad.
Ha afeado la "actuación demofóbica y de ataque a los derechos fundamentales del Estado español" ordenando unos arrestos que, según la CUP, tienen un único objetivo de atemorizar la población y los cargos electorales.
La CUP ha asegurado que se responderá conjuntamente ante la "estrategia represora" del Estado para hacer valer lo que consideran el mandato popular mayoritario amparado en el derecho de los pueblos a su autodeterminación.
