El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trata de poner paz con sus socios de Ejecutivo, Unidas Podemos, tras la confrontación durante la semana pasada sobre quién dirigirá la negociación de la reforma laboral. El choque entre ambos partidos por liderar la coordinación de estos trabajos llevó a la formación morada el pasado viernes a solicitar una reunión urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición de Gobierno con el PSOE, que se celebrará esta semana.
Con la polémica sobre la mesa, Sánchez busca calmar las aguas y anunció este domingo que el Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de la ley de vivienda, una normativa encabezada por Podemos, con el objetivo de enviarlo al Congreso como proyecto de ley antes de que termine el año.
El anuncio del presidente, realizado en Mérida durante la XIII Congreso Regional del PSOE de Extremadura, que ha reelegido a Guillermo Fernández Vara como líder de los socialistas extremeños, llegó tan solo un día después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometiera a derogar la reforma laboral del PP. Díaz, que intervino el sábado en el XII congreso de CCOO (donde salió reelegido Unai Sordo como secretario general), lanzó un dardo a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, al asegurar que hay muchas "resistencias" para derogar esta reforma.
Desencuentros por la norma
En plena crispación entre los socios de Gobierno, Sánchez trata de destensar la cuerda sacando adelante una ley que se ha convertido en uno de los principales caballos de batalla en el Ejecutivo de coalición. El principal escollo en la negociación de esta nueva normativa ha sido la limitación de los precios del alquiler que defienden desde la formación morada. Una intervención del mercado que desde PSOE han intentado suavizar e incluso no aplicar, apostando por la vía de los incentivos a aquellos propietarios que bajarán las rentas.
La definición de gran tenedor ha sido otro de los puntos de polémica en las negociaciones, así como realizar diferencias entre las personas jurídicas y las físicas a la hora de aplicar las nuevas medidas para este grupo de propietarios. Por otro lado, la prohibición permanente de los desahucios a personas vulnerables y la salida de vivienda vacía al mercado del alquiler han sido también dos puntos de separación entre ambos partidos.
Por otro lado, Sánchez aprovechó el congreso socialista para anunciar que el Consejo de Ministros también aprobará el martes un decreto ley por el que se destinarán 100 millones adicionales para ayudar a las hogares más vulnerables y a empresas por la subida de la factura de la luz y de cara al invierno.
El presidente precisó que con este decreto, con el que se pretende seguir dando respuesta al alza de los precios en los mercados mayoristas, se ayudará a 1,2 millones de familias vulnerables, y también a industrias y empresas a proteger su contratos, además de dar transparencia en la formación de los precios de la tarifa eléctrica.
