Política

Iglesias sortea su posible imputación en un discurso en el que no detalla cómo usará su departamento los fondos de la UE

  • Primera aparición pública de Iglesias tras la decisión del juez del 'caso Dina'
  • Los cuatro vicepresidentes abordaban el plan para las ayudas europeas
  • Calvo anuncia un decreto ley para modernizar la Administración Pública
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Foto: Vicepresidencia Segunda

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, eludió este miércoles dar explicaciones sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional de pedir al Tribunal Supremo su imputación por el 'caso Dina'. En su primera aparición pública tras conocerse la noticia, una intervención junto a las otras tres vicepresidentas del Ejecutivo para hablar de los fondos europeos, Iglesias esquivó pronunciarse sobre el tema. En su discurso, el también líder de Podemos no dio detalles sobre el uso de estos fondos que planea su departamento.

En lugar de explicar cómo afectará el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' de la economía española en la cartera que gestiona -Derechos Sociales y Agenda 2030-, Iglesias optó por aprovechar su intervención en el Palacio de la Moncloa para defender un nuevo sistema económico para España alejado del ladrillo y la contratación pública. Igualmente, criticó que el modelo productivo sea dependiente del turismo internacional y abogaó por diversificar la economía.

"Necesitamos nuevos emprendedores de referencia que asuman el liderazgo en un sector empresarial capaz de definir los retos de los próximos años", defendió. En esta línea, aseguró que es preciso "superar las debilidades de nuestra estructura económica" y llamó a "reindustrializar el país" desde la perspectiva del ecologismo.

"Hay que superar un modelo empresarial tradicional que apostó demasiado por el ladrillo y la contratación pública", dijo, para añadir que "la corrupción que ha hecho tanto daño a España tenía esa base". En este punto, apostilló sobre el turismo que "no hay que depender de un sector económico que, cuando viene una crisis como la del covid-19, revela las debilidades estructurales". 

El vicepresidente segundo aseguró que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pilares de su labor de Gobierno, "no tiene que ver sólo con repartir muchas ayudas a sectores vulnerables", sino que implica una "diversificación económica" que, a su juicio, debe pasar por "cambiar el modelo empresarial".

Gráficas sobre pobreza

El vicepresidente segundo mostró una serie de diapositivas para explicar los bajos niveles de España en varios aspectos. Destacó especialmente que es el segundo país con más pobreza infantil -el 26,8%- por detrás de Rumanía o que invierte un 0,7% menos de su PIB en educación, un 1% menos en protección social o un 1,1% menos en salud. "Que no se vuelva a hablar de que España compite en bajos salarios, sino que compite por arriba", apostó Iglesias, al tiempo que abogó también por más inversión en protección social.

En esta línea, defendió un sistema de protección social que ponga de relieve los cuidados, al tiempo que abogó por un sistema "como el de Suecia" porque "crearíamos medio millón de empleos" y "avanzaríamos en políticas de género, dando visibilidad a trabajos que, generalmente, los hacen mujeres y que parecen invisibles".

También defendió la educación pública universal de cero a tres años porque "estaremos reconociendo no sólo un derecho a la educación, sino que crearíamos 150.000 trabajos y favoreceremos la natalidad".

Calvo promete agilidad legislativa

Previo a la intervención de Iglesias, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunció que el Ejecutivo va aprobar una nueva ley de la Administración Pública y que lo hará mediante un decreto ley, con el objetivo de modernizar la Administración General del Estado y mejorar también la coordinación con las demás administraciones.

Calvo explicó que el Gobierno aprobará esta nueva ley mediante un real decreto, dado que lo considera urgente, pero garantizó que después se tramitará como proyecto de ley en el Congreso para recoger las aportaciones de los grupos parlamentarios. La vicepresidenta indicó que el objetivo es "modernizar" la administración y "aligerar" sus procedimientos, pero "sin que falte un ápice de rigor, control, rendición de cuentas y transparencia".

Además, señaló que se reformarán también las leyes de contratos del Estado, la ley presupuestaria, la de subvenciones y la del régimen jurídico del sector público. "Seremos garantes, pero seremos eficientes", ha aseverado la vicepresidenta.

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