La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado este lunes la condena de un año y medio de inhabilitación y 30.000 euros de multa impuesta al president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por un delito de desobediencia, lo que supone incapacitarlo para el cargo que actualmente ocupa, según fuentes jurídicas. En los próximos días Torra deberá abandonar la presidencia de la Generalitat. El independentista se convierte en el primer presidente catalán inhabilitado en ejercicio del cargo.
Poco después de conocerse el fallo, la ejecución de esta condena ha sido formalizada por el tribunal que juzgó a Torra por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC), que le ordenó retirar símbolos independentistas durante el periodo electoral de las elecciones del 28 de abril de 2019, que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El Supremo considera que que Torra desobedeció "de forma reiterada y contumaz" las órdenes del órgano electoral. Al filo de las 16:30 horas, el fallo era notificado al president en el Palau.
Pasadas las 18:00 horas, Torra ha ofrecido una declaración institucional sin preguntas para despedirse de los catalanes flanqueado por sus consellers. En ella ha asumido su inhabilitación pese a reiterar que él "no abandona". En su discurso, se ha dicho víctima de un "golpe urdido por el Estado español" y ha pedido que las próximas elecciones en Cataluña sean "un nuevo plebiscito y un nuevo mandato que confirme el referéndum del 1-O".
Torra: "La única manera de avanzar es a través de la ruptura democrática"
Torra ha reiterado su convicción de que "la única manera de avanzar es a través de la ruptura democrática" con España. Algo que ha apuntalado asegurando que si Cataluña hubiese sido un Estado habría podido luchar mejor contra el coronavirus. Además, ha reprochado al Supremo que le haya podido "más la sed de venganza" que el respeto por la salud, al "volver a interrumpir el funcionamiento de las instituciones catalanas" en plena pandemia.
También ha criticado que su inhabilitación demuestra que los catalanes solo tienen dos opciones: "La república catalana del compromiso cívico o la Monarquía española de las banderas y el Ejército". Sin más detalles, Torra ha anunciado que recurrirá en Europa la decisión de los jueces españoles.
No fue libertad de expresión
En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Supremo destaca que el ámbito del recurso "no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central que, en el ejercicio de sus funciones garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibió su utilización, con vulneración del principio de neutralidad a que deben sujetarse las administraciones en general, contraviniendo órdenes expresas de aquella Junta Electoral".
En ese sentido, la Sala subraya que los acuerdos de la Junta Electoral Central no vulneraron los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión de Torra. El alto tribunal insiste en que "el objeto del proceso no es analizar la condena del recurrente desde la perspectiva de la libertad de expresión, pues como ciudadano es libre de realizar manifestaciones o actos que reflejen su identidad política.
El objeto es la desobediencia de las órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales que exige la neutralidad de los poderes y Administraciones públicas".
Añade que "la exigencia de neutralidad de la Administración se agudiza en los períodos electorales", y cita su jurisprudencia para remarcar que el "sufragio libre" "significa proclamar como un esencial designio de verdadera democracia el establecer un sistema electoral que garantice un marco institucional de neutralidad en el que el ciudadano pueda con absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder público, decidir los términos y el alcance de su participación política".
La JEC era competente
En relación con la alegación relativa a la falta de competencia de la Junta Electoral Central para dictar los acuerdos que dieron lugar a la condena por el delito de desobediencia, la Sala afirma que la competencia de este órgano "se ajusta al ordenamiento electoral" y que la orden "fue dictada por órgano competente".
El tribunal señala que comparte el criterio tanto de la sentencia recurrida como del Ministerio Fiscal en este punto, y subraya que el artículo 19.4 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General atribuye a la Junta Electoral Central durante el periodo electoral "resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se dirijan de acuerdo a la presente ley o con cualquier otra disposición que le atribuya esa competencia".
Agrega que los hechos inciden en el periodo electoral de unas elecciones generales, y se inician cuando el representante de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía se dirige a la Junta Electoral Central invocando acuerdos anteriores de la Junta Electoral Central de 2017 sobre la exhibición de lazos amarillos, pancartas sobre Presos Políticos y esteladas que entienden que suponían una vulneración de la neutralidad política.
Puigdemont: "De destitución en destitución hasta la república"
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado este lunes la inhabilitación de Torra y ha advertido al Estado: "De destitución en destitución hasta la republica final". "Un estado corrompido desde la Corona hasta la judicatura continúa decidiendo en nombre de los catalanes. Una vez más, el estado español interfiere en nuestras instituciones democráticas", ha expresado en un tuit.
La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha llamado al independentismo a ratificar el resultado del referéndum del 1-O en las elecciones que se convoquen tras la inhabilitación de Torra y a superar el 50% de los votos para que el resultado tenga "consecuencias políticas".
La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha tildado la inhabilitación de un "ataque a la democracia" y contra el movimiento independentista. "Estamos ante un ejemplo más de esta causa general contra el independentismo que solo entiende la represión para acallar un proyecto legítimo como el independentismo", ha afirmado.
Desde la oposición, tanto Ciudadanos como el PSC y el PP han criticado a Torra que no haya convocado antes elecciones para no dejar a Cataluña en una situación de interinidad en un momento cómo este, con la pandemia de coronavirus rebrotando.
Aragonés, sustituto con menos funciones
Como recoge el informe, la ley de la presidencia de la Generalitat prevé que el vicepresidente del Govern, en este caso Pere Aragonés, sustituya a Torra si es inhabilitado, aunque no podría asumir tres de sus funciones: plantear una cuestión de confianza, designar o destituir consellers y convocar elecciones.
Aragonés asumiría esa sustitución en el momento mismo en que la inhabilitación ya fuese efectiva, aunque se formalizaría -tras la publicación del cese en el BOE y el DOGC- a través de un decreto del Govern, aprobado en una reunión del ejecutivo catalán en funciones.
El "presidente sustituto interino" tendría atribuciones en representación de la Generalitat, representación del Estado y en el ejercicio de la dirección de la acción de gobierno, como convocar y presidir las reuniones del ejecutivo.
Govern en funciones
Al ser Torra inhabilitado, el Govern queda desde entonces en funciones, hasta la toma de posesión del nuevo ejecutivo catalán.
Al estar en funciones, el Govern no puede aprobar un proyecto de presupuestos, ni presentar proyectos de ley al Parlament, ni dictar decretos legislativos, pero sí puede, en cambio, dictar decretos ley si se justifica por una "extraordinaria urgencia y necesidad", para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos.
El Govern en funciones deberá actuar con la "máxima contención" y el Parlament podrá mantener sobre sus miembros los mecanismos de control previstos, como preguntas, interpelaciones o comparecencias.
Elecciones a partir de febrero
Al día siguiente de que sea efectiva la inhabilitación de Torra se abrirá un plazo de diez días para que el presidente del Parlament, Roger Torrent, sondee a los grupos parlamentarios para ver si quieren presentar un candidato a la investidura.
En caso de no haberlo -o de que Torrent compruebe que nadie dispone de los apoyos necesarios para optar a ser investido-, el presidente de la cámara comunicaría al pleno que no hay un candidato viable a la investidura, por lo que en ese momento se activaría una cuenta atrás de dos meses, y una vez transcurrida sin que hubiese habido investidura se convocarían elecciones automáticamente.
Para ajustar los tiempos de manera que esas elecciones convocadas automáticamente -a celebrar al cabo de 54 días- "caigan en domingo", Torrent dispondría de un "pequeño margen de días" para elegir el día del pleno en el que se activaría la cuenta atrás de los dos meses. Una de las fechas de las que ya se habla con fuerza es el 7 de febrero de 2021.
Más de dos años en el cargo
Torra deja de ser presidente dos años y cuatro meses después de acceder al cargo en una investidura convulsa, ya que el plan inicial de su formación era investir de nuevo a Carles Puigdemont. Se convierte en el segundo presidente de la Generalitat inhabilitado en año y medio después de que el expresidente Artur Mas fuera inhabilitado el 5 de febrero de 2019 -ya no ocupaba el cargo- por impulsar la consulta ciudadana del 9 de noviembre de 2014 y el tercero consecutivo en acabar en los juzgados, tras el propio Mas y Puigdemont.
Pese a haber estado siempre vinculado al independentismo, el presidente hoy inhabilitado no se incorporó a la política institucional hasta las elecciones del 21 de diciembre de 2017, tras el 1-O y el 155, cuando se integró como independiente y como número 11 por Barcelona en la lista de JxCat liderada por el expresidente Carles Puigdemont.
Tras las investiduras fallidas de Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, su nombre empezó a sonar como posible candidato a la Presidencia hasta que el mismo Puigdemont lo designó como su sucesor y fue investido el 14 de mayo de 2018.
Torra siempre ha mostrado su lealtad al expresidente con el que ha reconocido que contrasta opiniones antes de tomar sus decisiones, como la de no convocar elecciones antes de su inhabilitación, -Puigdemont reconoció haber comentado con Torra el asunto en una conversación en la que le trasladó que él no era partidario-.
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