La falta de unos presupuestos facilitó el año pasado el descontrol del gasto en Podemos, así como el presunto pago de sobresueldos. En la denuncia presentada por el antiguo abogado del partido, José Manuel Calvente, este asegura que "a pesar de esta obligación estatutaria, tanto el responsable de Finanzas de Podemos, Daniel de Frutos, como el consejo de Coordinación, incumplieron los estatutos no elaboraron el presupuesto de ingresos y gastos ordinario para 2019 para ser aprobado por el máximo órgano del partido, el Consejo Ciudadano Estatal".
En la práctica, esta decisión de no aprobar los presupuestos de gastos -ni el presupuesto ordinario para 2019 ni los presupuestos especiales para las campaña electorales- suponía que la formación morada podía recibir y disponer de fondos de forma totalmente opaca, libremente, sin control, sin ningún tipo de partida presupuestaria ni conocimiento de los órganos superiores del partido.
Calvente asegura que "el solo hecho de hacer disposiciones de fondos sin ningún tipo de soporte presupuestario podría suponer responsabilidades penales por un delito de administración desleal de los bienes de la organización, según lo previsto en el artículo. 252 del Código Penal".
Posible delito
De hecho, el pasado viernes se supo que el fiscal del Tribunal de Cuentas ha apreciado delito en las irregularidades contables, facturas sin justificar y partidas prohibidas por ley detectadas en la campaña electoral de Unidas Podemos para los comicios del 28 de abril de 2019, por lo que la formación liderada por Pablo Iglesias tendrá que ser investigada por la justicia ordinaria.
En un primer informe del Tribunal de Cuentas, se especificó que los gastos irregulares o sin justificación superaban los 425.000 euros. El informe de la autoridad fiscalizadora puso el foco en el contrato de Podemos con la sociedad Neurona Consulting, próxima a los gobiernos chavistas latinoamericanos y que, supuestamente, estaría también ligada a Juan Carlos Monedero.
Investigación judicial
El juez Juan José Escalonilla Morales, que ha abierto una investigación al partido y a varios miembros de su cúpula sospecha que pudieron incurrir en los presuntos delitos de malversación y administración desleal.
En su denuncia, el exabogado de Podemos denuncia el tesorero del partido habría sido también el responsable de eliminar toda publicidad y transparencia de la contabilidad de Podemos bajo las instrucciones de Juan Manuel Del Olmo, el secretario de Comunicación, "suscribiendo contratos y ejecutando los pagos que se le indicaban, sustrayendo al Consejo Ciudadano Estatal el conocimiento y aprobación estatutaria de los presupuestos, cerrando el portal de transparencia y prescindiendo de la auditoría externa de las cuentas del partido".
Entre otras cosas, que la ausencia de presupuestos habría permitido el pago de sobresueldos de forma opaca. "Una irregularidad sospechosa es que la llegada de la nueva gerente Rocío Val supuso tanto para sí misma como para el tesorero Daniel de Frutos la subida secreta y unilateral de su salario en 2019, muy por encima de los tres salarios mínimos interprofesionales (SMI) que establece como retribución máxima el Código Ético de Podemos", asegura.
La subida salarial se habría realizado añadiendo a su salario base y su complemento de responsabilidad personal, dos complementos salariales mensuales que no constan en las tablas salariales del partido: uno de coordinación por importe de 210,32 euros y otro de coordinación ejecutiva por importe de 400 euros mensuales, que suman una subida mensual de 610 euros.
"Estas subidas salariales no tendrían partida presupuestaria y se las habrían aplicado sin que conste un acuerdo oficial del Consejo de Coordinación autorizando dichas subidas salariales y la aplicación de los complementos que se han atribuido unilateralmente", insiste.
Calvente asegura que "Daniel de Frutos y Rocío Val se convirtieron en los empleados del partido con la nómina más abultada, lo cual alertó de que podría ser un indicio de que se estaría premiando mediante un sobresueldo los servicios de opacidad financiera que necesitaba la presunta trama corrupta para realizar actos irregulares".
El letrado denuncia, además, que "otra situación sospechosamente irregular es que desde el mes de marzo de 2019 Rocío Val y Daniel de Frutos han venido cobrando de Podemos, mediante el sistema interno de reembolso de gastos (...), una media de 300 euros mensuales, bajo el concepto de desplazamientos". Todo ello sin las debidas justificaciones, tal y como marca la normativa interna del partido.
El papel de la gerente
En la denuncia se señala que, "antes de ser nombrada gerente por indicación expresa de su amigo Rafael Mayoral, la señora Rocío Val era vicepresidenta de la Cooperativa Kinema, fundada por Mayoral" y que prestaba los servicios de gestoría laboral a Podemos sin licitación previa del servicio.
Desde su cargo como gerente, Val controla todos los contratos y gastos del partido a nivel estatal y, "aún sin tener poderes de representación para ello, los contratos y gastos del grupo parlamentario estatal en coordinación con el tesorero".
