La contabilidad electoral de los principales partidos políticos está salpicada de irregularidades. Facturas sin justificar, desembolsos fuera de plazo, gastos ilegales o no relacionados con las campañas, como alquiler de autobuses, castillos hinchables o la gestión de grupo de Whatsapp, ocupan buena parte del informe de 169 páginas realizado por el Tribunal de Cuenta para analizar si PSOE, PP, Podemos, Vox, Ciudadanos, ERC o Bildu, entre otros, han dado buen uso de la subvención electoral para los comicios celebrados el 28 de abril de 2019. Proceso que derivó en unas nuevas elecciones el 10 de noviembre de 2019.
Según el informe, las cuentas electorales del partido que dirige Pablo Iglesias son las que más irregularidades arrojan. El Tribunal señala que tiene gastos por 425.000 euros sin justificar o que directamente están prohibidos por la ley electoral, por lo que no son susceptibles de "ser financiadas con subvenciones electorales". La cifra no incluye a sus filiales, como En Común Unidas Podemos que, según el órgano fiscalizador, arroja facturas ilícitas por 13.744 euros.
Las cuentas electorales del partido que dirige Pablo Iglesias son las que más irregularidades arrojan
De los 425.000 euros, el Tribunal señala que 130.000 "no han sido debidamente justificados" ya que, aunque la formación morada aporta trabajos realizados y a indicado los actos en los que se han prestado los servicios "sólo ha identificado los actos en los que se han utilizado algunos de los diseños, sin acreditar la efectiva participación del proveedor en los actos electorales, ni los medios humanos y materiales utilizados en los mismos", explica el organismo para rechazar las facturas.
Los otros 290.700 euros directamente no se consideran gastos electorales, ya que, por ejemplo, incluyen la creación y gestión de grupos de WhatsApp con militantes o análisis de comportamiento de influencers, votantes y competidores. Y es que, aunque son trabajos de consultoría en redes y tratamiento de la información, el Tribunal considera que "los trabajos preparatorios para realizar la publicidad electoral no se encuentran incluidos en el artículo 130 de la LOREG".
El organismo fiscalizador también llama la atención sobre un contrato de 363.000 euros firmado electrónicamente el 6 de mayo, días después de las elecciones, por unos servicios cuya factura emitió el 5 de abril de 2019 y cuyos servicios no han quedado acreditados. En este punto, señala que la empresa a la que contrató la formación morada se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de marzo de ese mismo año y que su objeto social no coincide con el de los servicios solicitados. Según publica El Mundo, la empresa sería Neurona Consulting, una firma que ha trabajado para gobiernos chavistas latinoamericanos.
De Unidas Podemos, el Tribunal de Cuentas también destaca el hecho de que ha recibido 1,7 millones de euros de financiación vía microcréditos, que son difícilmente fiscalizables por el monto y el origen. En el tema de la obtención de fondos, el órgano fiscalizador reserva un pequeño apartado para el Partido Regionalista de Cantabria, el de Miguel Ángel Revilla, porque declaró que había recibido 200.000 euros de financiación del partido cuando "se ha comprobado que tales aportaciones proceden, en realidad, del Grupo Parlamentario Regionalista en el Parlamento de Cantabria".
Maquillaje y conciertos
En el ranking de irregularidades, PSOE y PSC se encuentran en segunda posición, aunque muy lejos del ganador. Ambos partidos tendrían "gastos irregulares" por unos 170.000 euros. En el caso de la filial catalana, el Tribunal considera que no se deben subvencionar los 66.700 euros que la formación destinó a contratar autobuses para trasladar a los ciudadanos que quisieran a los actos electorales, ya que no se puede considerar "propaganda o publicidad para conseguir el voto". También hace referencia a que el PSC no tenía fondos suficientes para pagar los servicios en la cuentas vinculadas al periodo electoral.
Vox ocuparía la tercera posición con facturas ilícitas valoradas en 158.108 euros, mientras que el PP y PP Foro apenas suman 50.700 euros en "gastos de naturaleza no electoral". En el caso de la formación dirigida por Santiago Abascal, los gastos ilícitos corresponden a anuncios en prensa y radio realizados antes de que empezara el periodo electoral, lo que es ilegal, a desembolsos fuera de plazo y a costes operativos "cuyos conceptos no tienen consideración e gasto electoral". En este punto, el Tribunal de Cuentas no especifica a qué tipos de gastos se refiere.
No considera subvencionable un concierto o la compra de mantelería por parte del PP
En el caso del PP, el organismo considera no subvencionables facturas por 50.436 euros, que corresponden a la compra de material de oficina y de mantelería para las mesas de información; a la contratación de un concierto y de castillos hinchables infantiles para los eventos electorales. También rechaza financiar con dinero público la formación de portavoces del candidato en la sede de Gerona. En su recurso, el PP pregunta al Tribunal por qué ha cambiado del criterio a la hora de aceptar como electorales determinados gastos.
Los desembolsos no sujetos al artículo 130 de la ley electoral de Ciudadanos, detectados por el Tribunal de Cuentas, ascienden a los 98.878 euros, de los que 59.555 euros corresponden a gastos de operaciones ordinarias que no se consideran vinculados al periodo electoral y el resto al envío de propaganda, que tampoco se debería incluir en los costes. De los 59.555 euros, 40.800 corresponden a gastos en maquillaje para los candidatos y el resto responden a anuncios en medios de comunicación antes del periodo electoral, algo que, como ya se ha apuntado, no está permitido.
