Con la Orden Europea de Detención y Entrega de Carles Puigdemont ya en manos de la justicia belga y con el propio afectado en las dependencias judiciales a la espera de que se decida si se tramita su extradición o si esta es rechazada, solo queda esperar el pronunciamiento pero para que éste tenga lugar deberán darse unas condiciones concretas.
Tras recibir la euroorden de manera correcta -en este caso Bélgica solicitó que se le enviara traducida tras recibir una versión en español- el Ministerio Público belga tendrá que verificar si los delitos por los que se reclama la entrega constituyen una infracción con respecto al Derecho belga. Esto es, la justicia belga debe validar que los delitos por los que se reclama a Puigdemont (sedición y malversación de caudales públicos).
Si se cumplen las condiciones anteriores, la Fiscalía requerirá que un juez de instrucción decida si la orden es válida o no y, por lo tanto, ponga a la persona buscada bajo orden de arresto o no. Puigdemont se ha presentado voluntariamente en las dependencias en Bruselas después de recibir una notificación de las autoridades belgas.
La justicia belga debe comprobar que delitos que se le imputan a Puigdemont conllevan pena en el país, algo que de ser así implicaría la doble incriminación. En este punto el juez encargado debe considerar la posibilidad e que se dé una vulneración de los derechos del detenido si fuera entregado.
Si Bélgica se decantara por la entrega de Puigdemont, éste podría recurrir ante un tribunal de apelación primero y de casación después, por lo que el trámite podría demorarse meses.
