Pedro Sánchez -según ha podido conocer elEconomista de fuentes gubernamentales- está estudiando cómo subir las pensiones -con el IPC- y cómo anticipar las entregas a cuenta a las autonomías, antes de que arranque la campaña electoral del 10-N, o en cualquier caso, antes de que concluya el año.
La medida -que este viernes no ha sido aclarada por la portavoz Isabel Celáa- supone un gasto adicional aproximado de 3.000 millones de euros y de 4.500, respectivamente, cantidades que no están consignadas en los Presupuestos Generales con los que se maneja el dirigente socialista, lo que complica el margen de actuación, teniendo en cuenta que este es un Gobierno en funciones y que las cámaras quedarán disueltas el próximo martes. Así pues, la vía que contempla Moncloa es la del decreto-ley, quién sabe si utilizando otra vez la Diputación Permanente, como en el anterior periodo pre-electoral.
Hay que recordar que desde la moción de censura contra Mariano Rajoy, el Ejecutivo socialista trabaja con los Presupuestos de Cristóbal Montoro de 2018. Estas cuentas están prorrogadas, ya que Sánchez no pudo aprobar los suyos en 2019, al no obtener la mayoría suficiente. Ahora, -a la espera de un nuevo Gobierno-, las Cuentas Públicas volverán a ser prorrogadas en 2020, al menos hasta el segundo semestre de este año.
La limitación del Gobierno
El hecho de no tener presupuestos limita la actividad de un Gobierno al despacho de asuntos ordinarios, salvo en casos de extrema urgencia, debidamente acreditada, a través de un decreto-ley. A propósito de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a elEconomista que su negociado está trabajando sobre el anticipo a cuenta a las administraciones autonómicas. Lo importante -señalan-, es encontrar un "aval de legalidad", dadas las limitaciones legislativas de un Gobierno en funciones.
Recuerda Hacienda que sería la primera vez que se anticipan las entregas a cuenta con un Gobierno en funciones, tal y como reclaman la mayoría de las comunidades autónomas, y como el PP ha instado estos días al Ejecutivo de Sánchez.
El único adelanto que se hará real, este en el mes de octubre, será el extra-FLA a Valencia y a Murcia
Pero Hacienda insiste en que hay que "ir con prudencia", y sobre todo actuar con legalidad. Entre tanto, el único adelanto que se hará real, este en el mes de octubre, será el extra-FLA, en forma de préstamo con cargo a este fondo. Dicho extra-FLA se destinará solo a las cuentas de Valencia y de Murcia, las comunidades que no han cumplido con los plazos de los pagos previstos en la normativa sobre morosidad.
No obstante, la cartera que dirige María Jesús Montero recalca que la solución de las entregas a cuenta podría llegar antes de que concluya el año, para que las Administraciones autonómicas no arrastren el próximo ejercicio presupuestario con una deuda añadida.
En el caso del aumento de las pensiones, el pasado jueves, el presidente del Gobierno anunciaba en La Sexta el "compromiso" de su Ejecutivo y del Partido Socialista de revalorizar las pensiones en función del Índice de Precios de Consumo, y no del 0,25%, que viene marcado por la ley orgánica del 23/2013 del 23 de diciembre, que regula el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
En prime time, el jefe del Ejecutivo en funciones afirmaba que durante este año, no solo se habían aumentado las pensiones, conforme al IPC, si no que además, gracias a la acción de su Gobierno, los jubilados habían recuperado el poder adquisitivo perdido en 2017 y 2018, con los ejecutivos de Mariano Rajoy.
Fue Rajoy quien estableció una subida de todas las pensiones en función del IPC para 2018 y 2019
Lo cierto es que fue el equipo del expresidente popular el que, durante la negociación de los Presupuestos Generales para 2018 con el PNV -entonces su socio de investidura- estableció una subida de todas las pensiones en función del IPC para 2018 y 2019. Rajoy también retrasó la entrada en vigor del factor de sostenibilidad (que implica un recorte en las nuevas pensiones) hasta 2023), y acordó elevar al 56% la base reguladora de las pensiones de viudedad. Eso sí, ese incremento o subida en función del IPC acabaría en 2020, momento en el que el Gobierno que esté en Moncloa habrá de negociar un nuevo parámetro, que debería quedar reflejado en los futuros Presupuestos.
Según ha podido conocer elEconomista, de momento, "en el Ministerio de Empleo no se ha hecho ninguna consulta a la Abogacía del Estado", al menos oficial, para variar el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP, al 0,25%) por la revalorización del IPC. Entre otras razones, porque de llevarse a cabo esta variación, "ahora no toca", al menos hasta el mes de diciembre, que es cuando realmente se actualizan las pensiones.
En el caso de que el Gobierno siga en funciones, Moncloa baraja subir las pensiones a través de un decreto-ley por emergencia y extrema necesidad -igual que el utilizado este viernes en el Consejo de Ministros, esta vez para atajar los incendios de Canarias, o las inundaciones de Levante-. De otro modo, si el Gobierno está constituido, tras el 10-N, el Ejecutivo también se plantea subir las prestaciones con un decreto-ley, a pesar de no contar con unos nuevos Presupuestos, que como poco, no estarán antes de junio de 2020.
Reformas que no llegan
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