
La transferencia del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi aparece, por primera vez, en un calendario para abordar su traspaso, tras la reunión mantenida la pasada semana entre los Gobiernos central y vasco en Vitoria. La fecha señalada por Moncloa para iniciar los estudios al respecto será en junio de 2021 y concluirán en diciembre del mismo año.
Será la última de las 32 competencias a abordar por ambos Ejecutivos y con la que quedaría completado el Estatuto de Gernika.
A pesar de quedar relegada al final de la cola en la negociación, supone un hito histórico que se recoja en el cronograma, porque siempre se había dejado fuera por su complejidad técnica y por considerarse que su cesión podría romper la solidaridad del sistema y la igualdad de los españoles en materia prestacional.
Toda la polémica en torno al traspaso de la Seguridad Social gira en torno a la 'caja única'
Y, precisamente, toda la polémica en torno a este traspaso gira alrededor de esa hipotética ruptura de la 'caja única'. La misma que salvaguarda el Tribunal Constitucional, cuando reconoce el derecho de Euskadi a recibir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, "siempre y cuando no se rompa con la caja única".
Aunque desde el Gobierno vasco se afirma que la ruptura no es el objetivo, los críticos insisten en que a futuro sí lo será.
Respeto a la unidad
El traspaso de la Seguridad Social supondrá -según apuntaron ambos Gobiernos- que el Estado seguirá pagando las pensiones y Euskadi asumirá el control de las cotizaciones, las inspecciones y el traspaso de la gestión administrativa.
Lo cierto es que los trabajos para abordar esta transferencia se iniciaron ya en la década de los 80, entre 1980 y 1985, durante el primer y segundo Gobierno vasco del lehendakari Carlos Garaikoetxea, siempre respetando el principio de unidad de la 'caja única'.
Este respeto se recoge en la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Gernika, en la que se especifica que "la Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación del Estatuto establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios".
Lagunkidetza era el organismo creado para soportar las transferencia
Así, para gestionar este traspaso se planteó en ese momento la creación de un organismo autónomo para dar soporte a la transferencia. "Se denominó Lagunkidetza y se incluyó en los presupuestos para su constitución y desarrollo", recuerda José Ramón Urrutia, economista y actuario.
Traspaso de datos
Al redactar los convenios en la Comisión Mixta de Transferencias en aquella época, se expuso, en lo referido a los trabajadores en activo y cotizantes a la Seguridad Social, el traspaso de los datos de los mismos tanto de autónomos como de por cuenta ajena, bases de cotización, grupo, datos personales, categorías profesionales, retribución bruta, antigüedad, historial de los mismos en la Seguridad Social, cuantías mensuales cotizadas, soporte histórico de cada cotizante, etc.
En lo referido al empleador, ya fuera empresa, administración, institución, etc., se requerían los datos de la misma, identificación fiscal, domicilio, número de trabajadores, cuantías mensuales brutas cotizadas, y también de la propia empresa, etc., historial deudas pendientes con la S.S.. y demás temas de interés.
Para los pensionistas, según tipo de pensión (jubilación, viudedad, invalidez, a favor de otros familiares, etc.), se pedían datos personales, y de su cónyuge si hubiera, cuantía de la pensión y evolución histórica de la misma. Además del cálculo realizado para su cuantificación y la estimación futura de la misma.
"En resumen, se planteó el envío de los datos existentes en la Tesorería General de la Seguridad Social de los diferentes colectivos que componían el compromiso que a partir del traspaso asumiría el Gobierno vasco", concreta Urrutia.
En cuanto a la gestión de los recursos financieros que el traspaso conllevaba, dos variantes: en una primera fase, tanto el importe de la cotizaciones mensuales como el pago a los pensionistas lo seguiría teniendo en sus manos la Tesorería General de la Seguridad Social, pero con soporte documental para los interesados del organismo creado en Euskadi.
Desde el inicio, las cotizaciones se ingresarían en ese organismo que se montaría en Euskadi, y el pago se haría desde el mismo, con soporte documental para cotizantes y pensionistas. "El planteamiento recogía que si hubiera déficit sería cubierto por la Administración Central", explica Urrutia.
Un sistema adaptado a la realidad
Habrá que esperar al estudio que se realice el próximo año 2021, para conocer cómo y cuándo se acometerá este traspaso. No obstante, para José Ramón Urrutia, la cesión de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco permitiría "diseñar un sistema público vasco de pensiones, de carácter contributivo y adaptado a la nueva realidad social, al cambio demográfico y a las perspectivas económicas y financieras".
A su juicio, los cotizantes actuales y futuros deberían financiar las prestaciones existentes y las futuras. "Si el equilibrio financiero no se produjera anualmente, se podrían utilizar nuevas fuentes de financiación, como ya lo hacen en otros estados europeos, con impuestos sociales, ecológicos, financieros, solidarios, etc.
Por otra parte, sobre los posibles complementos y ayudas a las pensiones, Urrutia asegura que no podrían darse, "porque el sistema es contributivo". En Euskadi solo se complementa a través de la Renta de Garantía de Ingresos (R.G.I), a los pensionistas de jubilación y de viudedad con bajas pensiones. A diciembre de 2019, de los 52.455 perceptores de la R.G.I., 13.457 eran pensionistas.