Madrid
El traspaso de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi, comprometido este jueves por el Gobierno central con el Ejecutivo vasco, ha desatado la reacción inmediata de los letrados de la Administración de la Seguridad Social, quienes avisan de que atenta contra preceptos constitucionales, rompe la igualdad de todos los españoles, es un paso previo a la ruptura de la caja única y se ha saltado al Pacto de Toledo.
Los letrados que han emitido este duro comunicado, al que ha tenido acceso elEconomista, pertenecen al Cuerpo de la Administración de la Seguridad Social y tienen el deber de informar conforme a Derecho y con total independencia.
De entrada, los letrados remarcan en varias ocasiones a lo largo del informe que la decisión de finalizar el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco en diciembre de 2021 se ha decidido sin la "indispensable" intervención de la Comisión del Pacto de Toledo.
Por otra parte, reseñan que, en virtud de los artículos 41 y149.1.17 de la Constitución, nuestro marco jurídico y doctrina "exige, ineludiblemente, que la gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de la Seguridad Social quede sometida a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional, bajo los principios de sostenibilidad, solidaridad financiera y caja única". Lo contrario, advierten, "disponer de la facultad de reconocer las pensiones y el resto de prestaciones sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional, abocaría irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del Sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional.
La cesión de la gestión a Euskadi no es sino la apertura a un eventual régimen de tutela diferente según el territorio
Añaden que la pretendida cesión de esta competencia de gestión "no es sino la vía de apertura a la disposición de un régimen propio de tutela para cada territorio y su respectivo sustrato empresarial".
Al margen de esta opinión de los letrados, los cálculos actuariales de proyección de un troceo de la caja única demuestran que sólo tres autonomías podrían sufragarse sus pensiones, de producirse esta situación que, a la sazón, contraviene un principio básico de nuestro sistema de previsión social, el de la solidaridad financiera garantizada por la Administración de la Seguridad Social, que supone que ésta se reserve la disponibilidad directa sobre los fondos propios que son intransferibles en cuanto a "las facultades de gestión o ejecución de los fondos de la Seguridad Social destinados a sus servicios o prestaciones".
En este sentido, indica el Cuerpo de letrados, se ha manifestado el Tribunal Constitucional en materia de régimen económico de la Seguridad Social, al declarar que el Estado no retiene únicamente potestades normativas sino también las competencias ejecutivas para garantizar "la unidad del Sistema y su funcionamiento económico uniforme".
Una decisión que no puede ser bilateral
En consecuencia, los letrados hace una firme advertencia de la seriedad de la decisión, que -además- no debería tomarse en un marco de negociación bilateral. "Para evitar la adopción de cualquier decisión precipitada en un momento como el actual, de indefinición sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones, esta Asociación (de letrados de la Seguridad Social) considera que el proceso de transferencias debe abordarse con el imprescindible consenso de todos los ámbitos de responsabilidad implicados, que sólo cabe encontrar en el seno del Pacto de Toledo".
La Asociación pide una reflexión desde la máxima responsabilidad, al tratarse de uno de los mayores retos de la etapa democrática, que afecta de lleno a nuestro Estado de Bienestar.
Los letrados expresan su preocupación por las pensiones y el Estado de Bienestar si esta decisión se toma sin el adecuado cauce y responsabilidad
Concluye el comunicado reclamando la responsabilidad y participación "de todos los Cuerpos y Escalas de la Administracion de la Seguridad Social" en aras del mantenimiento, defensa y fortalecimiento de los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad de nuestro sistema que permiten garantizar un modelo sostenible y no discriminatorio de la Seguridad Social.
