Madrid
Desde el primer momento, la opa de BBVA sobre Sabadell se dio de bruces con el rechazo del Gobierno. Una posición que quedó patente en junio, cuando el Consejo de Ministros supeditó la operación a que el banco vasco mantuviera al vallesano independiente durante tres años, ampliables a otros dos. Una medida que en la práctica supuso impedir la fusión a corto plazo. Pero por si quedaban dudas, BBVA no podrá ejecutar durante ese periodo ajustes en la plantilla conjunta, ni en la red de sucursales asociadas a la operación. Unas condiciones que endurecían las impuestas por la CNMC y que ahora el BBVA lleva a los tribunales. En concreto, la entidad vasca recurre al Supremo para revocar las condiciones que el Ejecutivo impuso sobre la opa, al considerar que se ha producido un "perjuicio irreparable" a sus intereses legítimos. Según el banco, las medidas del Gobierno, más allá de las establecidas por Competencia, vulneran la regulación, ya que deberían servir para mejorar o facilitar la operación, nunca para bloquearla o hacerla inviable.
Vaya por delante que la actuación del Ejecutivo supuso intervenir la operación por criterios políticos, ya que beneficiaba al presidente catalán Salvador Illa, y no de mercado, por mucho que se amparara en el interés general. Pese a ello, el Ejecutivo tenía todo el derecho legal a intervenir en la opa, al ser el bancario un sector regulado. La entidad vasca, por tanto, cometió un grave error al no tener en cuenta el contexto político y las posibilidades legales de actuación del Gobierno a la hora de lanzar la operación. No obstante, el BBVA está en su derecho de judicializar la opa. Pero no deja de ser chocante que se enfrente al Gobierno con este recurso que no tendrá ninguna consecuencia para la opa, ya que la resolución judicial se alargará durante al menos un año.