Madrid
La diferencia que en España existe entre la edad real y la legal de jubilación ha sido históricamente uno de los problemas de nuestro sistema de pensiones, ya que reduce en el tiempo las aportaciones de los trabajadores. Resultó por ello lógico que en la reforma de pensiones de 2021, impulsada por el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, se introdujeran normativas para limitar el coste provocado por las marchas prematuras, que asciende a más de 1.100 millones anuales. Entre ellas, incentivos para extender la vida laboral y coeficientes reductores que penalizaban de forma más dura el retiro anticipado. La actual titular de la cartera, Elma Saiz, ha seguido el mismo camino de su predecesor, con medidas que aún se negocian, como la llamada jubilación "reversible", para impulsar el retorno a la actividad laboral después del retiro. Todo ello ha provocado que la edad media de jubilación en España se haya retrasado hasta los 65,2 años, superando la edad mínima legal situada en 65 años.
Pero tal mejora contemplada tras tres y años y medio de la reforma de Escrivá, se debe casi en exclusividad a las mujeres, que son minoría en el mercado laboral. Por el contrario, los hombres se siguen retirando antes de alcanzar el mínimo legal. Un dato que refleja que las medidas del Ejecutivo para incentivar la demora y penalizar la jubilación anticipada son aún insuficientes para evitar un retiro aún demasiado prematuro en España. Esto supone un grave problema ante los elevados desequilibrios de la Seguridad Social, y en un contexto de retiro masivo de la generación del baby boom, lo que ahondará aún más la insostenibilidad del actual sistema de pensiones. Urgen por ello más iniciativas para conseguir una mayor extensión de la carrera laboral de los cotizantes.