Madrid
El absentismo laboral ha sido banalizado durante décadas en nuestro país, lo que ha provocado que se haya convertido en una práctica cada vez más habitual para muchas personas. Tanto es así que desde antes de la pandemia se está produciendo un notable incremento de las ausencias por incapacidad temporal. En concreto, el número de horas no trabajadas debido a situaciones de baja se ha elevado un 78% desde 2019. Un porcentaje que se fija en el 15% si la comparativa se reduce al primer trimestre de 2025 (último dato publicado) respecto al mismo periodo de 2024. Los datos reflejan el impulso que muestra el absentismo, una lacra que tiene un alto coste para la Seguridad Social y para las empresas. De hecho, estas faltas generaron el pasado año una factura de 16.487 millones para el Estado y de más de 12.200 millones para las compañías. Estas cifras demuestran la necesidad de lanzar medidas que pongan coto al absentismo. Algo que no se ha logrado con el aumento de recursos para inspecciones que el Gobierno decretó en 2021.
Lo mismo ocurre con la reforma de las altas progresivas de Elma Saiz, al renunciar la ministra a su plan inicial de que cualquiera pudiera reincorporarse a su puesto laboral de manera voluntaria sin necesidad de tener el aval del médico. Y por si faltara algo, la medida de ceder la gestión de las bajas traumatológicas a las mutuas, que fue aprobada en septiembre de 2024, solo está en vigor en Cataluña y Baleares, por la lentitud de Seguridad Social y las autonomías para reunirse y firmar los convenios. Una demora que demuestra que la balización del absentismo sigue vigente. Urge actuar con contundencia para frenar las ausencias al trabajo y reducir así el golpe que ya propinan a la productividad de la economía.