Baleares aprobará una modificación del decreto del chárter náutico para prohibir el alquiler turístico de embarcaciones y poner freno a la nueva normativa estatal que lo permitirá a partir de mediados de agosto durante tres meses al año.
La presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, ha anunciado que esta medida será aprobada en el Consell de Govern que se celebrará este viernes. Ha sido después de que haya participado en una sesión extraordinaria de la mesa náutica para abordar un rechazo a la nueva normativa estatal que, ha apuntado, es compartido por la inmensa mayoría del sector.
Esta es la segunda medida de respuesta que Baleares da al alquiler turístico de embarcaciones privadas planteado por el Gobierno central, después de que la semana pasada ya emitiera una orden para prohibir el uso comercial de los amarres de gestión autonómica reservados para barcos privados.
"Hoy hemos dado un paso más y hemos informados a los miembros de la mesa náutica que hemos agilizado la modificación del decreto del chárter náutico y que una vez haberlos escuchado irá este mismo viernes al Consell de Govern un decreto que prohibirá el alquiler turístico de embarcaciones particulares en Baleares", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.
El futuro decreto autonómico, según ha informado el Govern en un comunicado, tendrá efecto "inmediato" y mantendrá la restricción del alquiler tan solo a embarcaciones de lista sexta, excluyendo de forma explícita a las de lista séptima que soliciten pasar temporalmente a uso comercial.
De este modo, ha argumentado el Ejecutivo, se preservará el régimen fiscal, operativo y jurídico diferenciado entre los usos privados y profesionales, algo "esencial para mantener el control público" sobre los amarres, las tasas y las concesiones.
El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha explicado que la modificación del decreto actual responde a la necesidad de actualizar el marco normativo con "mayor precisión, claridad y capacidad de respuesta" ante los cambios que plantea el Estado.
El nuevo texto, ha detallado, reforzará la regulación autonómica de la actividad náutica recreativa y dejará claro que el arrendamiento de embarcaciones privadas con cambio temporal de uso no está permitido las Islas.