Madrid
El pasado lunes 14, el gobierno de España y la Generalidad de Cataluña presentaban el acuerdo de "financiación singular de Cataluña" y de "asunción de competencias en el IRPF por parte de la Generalidad". Este acuerdo no dejó contento a nadie. El acuerdo ha recibido críticas durísimas de todas las Comunidades Autónomas de régimen común, de muchos expertos, de los inspectores de Hacienda, y al mismo tiempo de ERC y de Junts, que lo califica directamente como una "tomadura de pelo".
El acuerdo es un "quiero y no puedo". Por una parte, es un paso más en la financiación singular, que supone que "Cataluña recaudará todos los impuestos que se generan y con ellos se financiarán los gastos comunes del Estado, y el resto se utilizará para financiar nuestras competencias". Esta definición no es mía, sino de Alicia Romero del PSC. Esto es un sistema de cupo (o más técnicamente de concierto económico). Pero, la primera fuerza política que utilizo el término fue ERC, que lo denominó "cupo solidario". Esto parece un oxímoron, es decir combinar dos palabras con significado opuesto, esencialmente porque es un oxímoron. Un sistema de cupo se monta en una comunidad rica para reducir la solidaridad interterritorial. Otra cuestión es que el cupo catalán sea menos injusto, o insolidario, que los actuales resultados del concierto vasco o del convenio navarro. Pero, aunque María Jesús Montero lo califique así, el cupo catalán no es un bulo, ni del PP ni de nadie, es una realidad amenazante.
El acuerdo entre el gobierno de España y la Generalidad es ambiguo, no tiene cifras, y también es contradictorio y tibio. Pero, convertir un acuerdo entre dos partidos políticos el PSC y ERC en un acuerdo bilateral entre gobiernos tiene consecuencias, y no son menores, ni mucho menos gratuitas. Por una parte, legitima que Cataluña tenga una financiación superior a de otras Comunidades, y por tanto privilegiada, fundamentada en sus "singularidades". Eso sí, el acuerdo no concreta ni cuánto, ni cuándo. Pero, esto es simplemente inaceptable por muchas razones.
En primer lugar, Cataluña sí es la Comunidad más endeudada, pero no por estar infra financiada, sino por un problema endémico de exceso de gasto. La Generalidad catalana gasta sistemáticamente por encima de lo que ingresa, y, además, gasta más que otras comunidades con una población y un peso económico similar (como Madrid o Andalucía) en la práctica totalidad de las partidas. Como documentamos Jesús Fernández-Villaverde y yo en La Factura del cupo catalán, por ejemplo, Cataluña gasta cinco veces más en alta dirección que Madrid. Las estructuras de "proto-estado" son carísimas. Pero, no es aceptable, ni justo, ni precisamente federal, que el exceso de gasto se lo paguemos los demás contribuyentes, que no vivimos en Cataluña.
Además, en España, todas las Comunidades Autónomas tienen unas competencias muy similares. Más de tres cuartas parte del gasto consolidado autonómico se concentra en sanidad (41%), educación (24%) y otros gastos sociales (12%) como dependencia. También hay otros gastos de administración general que son comunes. En España, a nivel de gasto, tenemos un sistema de casi todo el café para todos. Por eso, que Cataluña tenga Mossos d' Esquadra o la gestión de las prisiones justifica una pequeña diferencia, pero no poner patas arriba todo el sistema, que ya lo tiene en cuenta.
Esta financiación "singular" se trata de justificar en el famoso criterio de ordinalidad, que está en el preámbulo del acuerdo, pero no en el acuerdo en sí. El criterio, en su versión más light que no es la de los acuerdos ERC-PSC, establece que el "orden" entre las Comunidades antes de impuestos y transferencias no se debe ver alterado por el sistema de financiación. Pero, eso es un atentado contra la lógica del Estado de Bienestar, por la que los contribuyentes pagan en función de su renta, pero las Administraciones se financian en función de sus necesidades. Si una comunidad tiene muchos ancianos que atender en sus hospitales, eso hay que financiarlo adecuadamente, aunque eso suponga que la comunidad supere a otra en renta per cápita. La alternativa es que las prestaciones médicas, o el derecho a la salud, dependan de la renta per cápita, antes de impuestos, de la comunidad en la que se resida.
La otra gran consecuencia del acuerdo es que se pretende que "Cataluña recaude todos sus impuestos". Esto es un disparate, especialmente si como señala la dirigente del PSC (y expresidenta del Congreso) Meritxell Batet, la realidad es la de "una administración tributaria de la Generalitat sin las capacidades suficientes para gestionar hoy los impuestos en Cataluña; una administración tributaria estatal que ha alcanzado un nivel de servicio al que no estamos dispuestos a renunciar; y una realidad tributaria profundamente integrada con el resto de España y con Europa."
La financiación singular es un cupo catalán, que, de llevarse a término en su totalidad, implicaría un aumento de 25.000 o 30.000 millones en la financiación catalana, para equipararla a la vasca o la navarra a costa de los contribuyentes del resto de España. Además, implicaría fragmentar la AEAT porque la Administración Tributaria de la Generalidad no está preparada para gestionar ni el IRPF, ni mucho menos todos los impuestos. Esto tendría consecuencias devastadoras en el fraude, aumento de duplicidades, y perjudicaría a la lucha contra la corrupción. No nos hemos alejado de ese abismo, sino que hemos un dado un paso adelante, eso sí, más corto y a menos velocidad de lo que querían los independentistas. Es una mala noticia.