Madrid
A lo largo de los años las comunidades autónomas han ido creando empresas públicas. De hecho, en la actualidad existen 1.287 entes en manos de los gobiernos regionales. A la cabeza de la clasificación, y con mucha diferencia, se encuentra Cataluña, con un total de 277, según datos de este mismo mes de julio de la Intervención General del Estado. Una cifra que supera a la propia de Andalucía, la siguiente de la lista, con 128, y que supone el 21,5% del total de toda España. Esta diferencia no se explica por el mayor peso económico de Cataluña respecto al resto de regiones. No en vano, una autonomía similar tanto por PIB como por número de habitantes, como es Madrid, cuenta con solo 103 empresas públicas a su cargo. Por tanto, el hecho de de que Cataluña esté cerca de triplicar los entes públicos madrileños solo se debe al interés de los distintos governs por rodearse de consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles.
Una práctica que, en concreto responde al periodo en el que Cataluña estuvo comandado por ejecutivos independentistas. No en vano, cerca de la mitad de las empresas públicas creadas en esta autonomía se han hecho a partir de 2010, con la llegada a la Generalitat de Artur Mas. Un entramado desmedido de sociedades que refleja un modelo de gestión equivocado, al basarse en el sector público que históricamente es menos productivo que el privado. Pero que además, refleja el interés de los governs de ERC y CIU, actual Junts, por rodearse de firmas públicas para premiar a sus afines con altos cargos. Es por ello preciso que el actual Ejecutivo liderado por Salvador Illa reduzca progresivamente este ejército de empresas públicas catalanas, que contribuye a que la autonomía sea una de las más endeudadas de España.