Madrid
El precio a pagar por la investidura de Salvador Illa empieza a pasar factura. Sólo unas semanas después, los Presupuestos para el próximo ejercicio parecen una quimera; Pedro Sánchez se ha visto forzado a convocar un congreso del PSOE en Sevilla a finales de noviembre para sofocar la rebelión interna y las relaciones con el PP han vuelto a saltar por los aires, después del arreglo del CGPJ. La primera consecuencia es el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España sin consenso político.
Nadie conoce, además, con exactitud las consecuencias económicas del pacto fiscal, concierto o quiera llamarse, firmado con Marta Rovira y Pere Aragonés. El nuevo presidente de la Generalitat pasó de puntillas sobre el asunto tanto en la entrevista con el de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, como en su comparecencia en el Parlament el jueves pasado.
Foment dio un comunicado al día siguiente en el que habla del déficit fiscal o la falta de inversiones de los catalanes para financiar los servicios básicos y aboga por una mayor "autonomía fiscal" y "corresponsabilidad tributaria". Dos conceptos tan genéricos como el pacto firmado por Illa y Aragonés.
Eso sí, Foment es partidario, al igual que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de ofrecer mayor autonomía fiscal a los gobiernos regionales que estén interesadas. Es decir, aprovechar para acometer una amplia reforma de la financiación autonómica, que lleva pendiente diez años, sin que ningún gobierno se atreva a meterle mano.
Pero ¿realmente es posible mejorar los ingresos de todas las regiones?, ¿Qué pasaría si la Comunidad de Madrid y Baleares adoptaran el modelo catalán, las dos únicas que recaudan junto con Cataluña más de lo que reciben por los servicios sufragados por el Estado en ellas? Que Hacienda perdería 37.500 millones en la caja común y el resto tendría que ajustarse el cinturón, según los cálculos de Fedea, el think tank próximo al Banco de España. Sánchez prometió duplicar la cuota de solidaridad, oficialmente llamado Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Pero está sólo dotado con 432 millones. Una tomadura de pelo.
La propuesta de Montero representa cambiar las reglas de juego desde la Transición, basadas en un modelo solidario, en el que las que más reciben sufragan a las más pobres. El plan tiene detractores y defensores porque el modelo no ha servido para impulsar el desarrollo de las más pobres. Extremadura, las dos castillas o Canarias siguen teniendo las renta per cápita más baja, como al comienzo de la democracia.
La nueva estructura estaría más cerca de un modelo confederal como el americano, en el que cada gobierno regional tendría potestad impositiva para alinear ingresos y gastos. Pero eso significaría un ajuste automático en Andalucía, Canarias ó Galicia de 6.000, 4.000 y 3.000 millones, respectivamente, amén del resto de comunidades, según Fedea. Las únicas beneficiadas serían Madrid y Baleares, a las que el Estado estaría obligado a devolver 11.538 y 1.4651 millones, respectivamente, en aplicación del principio de ordinalidad reclamado por la Generalitat.
El nuevo modelo supone acabar con la solidaridad desde la Transición con las regiones pobres
¡Vaya papelón el de Montero! que pasó de denunciar la infrafinanciación de Andalucía como consejera de Economía a ofrecer más dinero a los catalanes en detrimento de los demás. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a mantener prietas las filas para que todos sus gobiernos actúen a una, como en Fuenteovejuna.
El documento firmado con ERC deja abierta la negociación sobre aspectos como el avance hacia la plena soberanía fiscal, basada en la relación bilateral con el Estado, ó la fijación de una cuota de solidaridad. Los socialistas eliminaron la mención al déficit fiscal, en su lugar prefieren hablar de infrafinanciación. El problema es que hay otras autonomías como la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía ó Castilla-La Mancha que están aún en peor situación. Fedea elaboró un índice de financiación homogénea por habitante sobre una base cien. Según esta clasificación, los catalanes están en la media, no están discriminados con respecto a los demás.
El organismo vinculado al Banco de España estima que Cataluña incrementaría un 50% sus ingresos tributarios con el nuevo cupo y la cuota de solidaridad. Para sufragarlo, el resto de los españoles tendremos que pagar un 30% más de IRPF, que se elevaría hasta el 50% más si Madrid y Baleares adoptaran el nuevo mecanismo. Sánchez no va a tener suficiente con los propietarios de Lamborghini, como anunció el miércoles, mofándose de los que más ganan, que suele coincidir con los que crean mayor riqueza en un país.
Es lo mismo que lo llamen concierto o no, el hecho es que hay 24.000 millones que las comunidades de menor renta perciben por encima de sus tributos. Si se da más a uno hay que quitárselo a los demás o subir la contribución de todos. Por mucho que Sánchez cambie a los cabezas de listas de los socialistas críticos, como los de Aragón, Castilla y León ó Andalucía, va a tener muchos problemas para explicar su financiación fuera de Cataluña.
La única manera es ajustar el gasto público, cosa que Sánchez no está dispuesto a hacer, o mejorar los ingresos públicos, que crecen casi a doble dígito desde la Covid por la inflación. Pero ese ritmo no es sostenible en los próximos años sin una subida adicional de impuestos. El problema es que no basta con los ricos. Sólo el 1% de la población activa gana más de 150.000 euros anuales, unas 300.000 personas. Habrá que meter la mano en el bolsillo de todos los españoles, sobre todo de las clases medias.
A medida que avanza la legislatura, aumentan los tics autoritarios del Gobierno. El nombramiento sin consenso del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España es el último gesto de Sánchez. La decisión se produce pocas semanas después de que se comprometiera a eliminar las puertas giratorias para altos cargos en el compromiso firmado con el PP para desbloquear el Consejo General el Poder Judicial (CGPJ).
El ataque a la independencia del Banco de España ya provocó el cierre de las cajas de ahorro
Nadie puede poner en duda que Escrivá cuenta con los conocimientos técnicos y la relevancia para el cargo. Cuando se socava la independencia de una institución como el Banco de España hay riesgos. Zapatero puso al ex secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al frente del banco central poco antes de la crisis inmobiliaria de las cajas de ahorro. El resultado fue que su número se redujo desde cerca de medio centenar a apenas media docena, por culpa de unas decisiones erróneas y partidistas pese a que contar con informes de inspección interna demoledores sobre su situación.
El poder de la institución sobre la banca ha disminuido desde que se transfirió la supervisión de las grandes entidades al BCE. Pero la independencia de la inspección se mantiene, lo que permite estar tranquilos.
Sánchez quiere cambiar el relato de los informes del Banco de España, que con el anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, han mantenido una exquisita objetividad, alejada del poder político.
El contenido de los informes de coyuntura siempre fue uno de los caballos de batalla de los políticos. El exvicepresidente Rodrigo Rato forzó la salida de Miguel Sebastián como jefe de estudios del BBVA para atajar las críticas a su gestión económica.
Lo persistente posición del Banco de España sobre las crecientes dificultades para financiar las pensiones y cumplir con los criterios de déficit molestan enormemente al Ejecutivo, al igual que ocurre con los comentarios de la Prensa no afín a su ideología. En medios internos confían en que el ex ministro respete la integridad del servicio de estudios y prospección, el más amplio y el mejor del país. La prueba de fuego va a estar en si cambia a Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística.
La financiación de Fedea, que emitió numerosos estudios críticos sobre su gestión, el ultimo sobre el supuesto concierto catalán, también está en el punto de mira.
No obstante, en medios cercanos al nuevo gobernador se asegura que respetará las estructuras actuales porque son difíciles de cambiar y porque necesita recuperar el prestigio perdido dentro de la profesión perdido durante estos años como ministro.
