El caso Koldo ha provocado que el caos y las irregularidades en la gestión de la pandemia por el Ejecutivo empiecen a salir a la luz. No en vano el escándalo acecha ya a cuatro ministerios (Transportes, Sanidad, Interior y Política Territorial) y a la presidenta del Congreso Francina Armengol, entre otros. Todo ello pese a que la declaración del Estado de Alarma en marzo de 2020 abrió la puerta a adjudicaciones que no están sujetas a los requisitos formales de la legislación. Pero incluso en esa situación, no todo vale y se investiga entre otras cosas que empresas que no eran solventes y que no cumplían con el objeto social adecuado lograran contratos para la venta de mascarillas de los que la trama Koldo, presuntamente, se llevaba su comisión. Uno de los que ya están en el foco es el exministro Salvador Illa, que adjudicó 43 contratos de emergencia sin control alguno.
De hecho, el Ministerio de Sanidad no informó de dichos acuerdos a la Intervención Delegada, aunque era su obligación, y si lo hizo ya fue demasiado tarde. Por si fuera poco, Illa también firmó acuerdos por la vía rápida sin relación alguna con la pandemia. Así lo refleja el Tribunal de Cuentas, que asegura en un informe que el 35% de los contratos dados por Sanidad en 2020 presentaban irregularidades. El hecho de que Illa pueda estar implicado en este escándalo es un riesgo añadido del caso Koldo para el PSOE, ya que arriesga las opciones del PSC de conquistar la Generalitat en las próximas elecciones catalanas. Pero a nivel nacional también pone en duda la propia estabilidad del Gobierno al ser el ahora líder de los socialistas catalanes pieza clave en las negociaciones del Ejecutivo de Sánchez con los independentistas de Junts y ERC para sacar adelante medidas clave, como los Presupuestos.