El gasto en contratos opacos se ha disparado desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. En concreto, el presupuesto para licitaciones sin publicidad se ha elevado un 90%, pasando de 2.812 millones en el cuarto trimestre de 2019 hasta los 5.334 millones en el mismo periodo del pasado año. Esta fórmula de contratación omite el periodo de anuncio o licitación y se invita directamente a las empresas a participar en el mismo. Se trata de un mecanismo absolutamente legal, pero según la ley de contratación pública se debe limitar a casos especiales o donde no se haya presentado ninguna oferta, ya que supone un coladero para realizar adjudicaciones a dedo. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ya advirtió del "abrumador" incremento de este tipo de contratos en las comunidades autónomas.
Pero a la vista está que el Gobierno central también se ha sumado a esta práctica de adjudicación casi directa que da lugar a una incorrecta aplicación presupuestaria y genera inseguridad jurídica.No en vano, OIReScon destaca la escasez de información al respecto de este tipo de contratos impide tener un control adecuado sobre la utilización del dinero público. Estas irregularidades también fueron detectadas en muchos contratos de emergencia como consecuencia del Covid-19, lo que deriva en escándalos como el del caso Koldo. Urge por tanto, que el Ejecutivo limite la fórmula de contratación sin publicidad a las situaciones donde sea estrictamente necesaria. De lo contrario se corre el riesgo de crear redes clientelares de empresas y administraciones afines que van en contra de la libre competencia y que son negativas para la propia prestación de los servicios a la ciudadanía.
