Opinión

Reglas fiscales, un nuevo marco de gobernanza económica

El autor es secretario de Política Económica y Transformación Digital del PSOE. Portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista.

El año 2024 ha comenzado con el acuerdo inicial sobre un nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, unas nuevas reglas fiscales, acordadas por los gobiernos de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea (UE) bajo la Presidencia española en el segundo semestre de 2023. Y también con un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo de la UE que permitirá que los primeros planes de gastos, reformas e inversiones de los países estén listos en septiembre.

Ese acuerdo para dotar a los veintisiete que conforman la Unión Europea de unos nuevos criterios y objetivos, que van a determinar la estabilidad económica de la región, atendiendo al cumplimiento por parte de todos los países de objetivos de deuda y déficit que van a flexibilizarse es, sin lugar a dudas, uno de principales logros alcanzados por el Gobierno de España durante el semestre en el que ha ostentado la presidencia rotatoria de la UE.

Un acuerdo sobre el futuro de las reglas fiscales necesario y oportuno para adecuar la normativa a la realidad económica y social de los veintisiete y, sobre todo, para actualizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que, desde 2020, no se aplicaba para poder responder a las necesidades económicas y sociales que provocó primero la irrupción de la Covid-19 paralizando la actividad económica en todo el continente; y ,posteriormente, para responder a la espiral inflacionista y el incremento de los costes de energía provocados en 2022 tras la invasión rusa y la guerra en Ucrania.

Este nuevo marco de gobernanza económica llega, por tanto, tras la congelación desde hace cuatro años de las reglas fiscales, que eran inasumibles en un momento en el que tan importante era la inyección económica por parte de la UE con herramientas tremendamente eficaces como han demostrado los fondos Next Generation y la relajación de los objetivos de deuda y déficit.

Una inyección de gasto público y una movilización de recursos para impulsar la recuperación y reactivación económica de todos los países de la UE sin precedentes en la historia, pero que si ha marcado un precedente, como es no volver a asfixiar a las economías europeas ante una situación excepcional, como si había ocurrido para dar respuesta a la crisis financiera provocada tras la caída de Goldman Sachs y el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y Europa.

Aquella respuesta contractiva a la crisis financiera, conocida popularmente como austericidio se ha demostrado, tras el buen resultado que están teniendo los fondos europeos, aún más ineficaz de lo que lo fue en su momento porque para hacer frente a los retos globales, la UE debe poder responder con unidad y fortaleza en un mundo cada vez más volátil y cambiante y en un contexto internacional de incertidumbre provocado por fenómenos externos pero con una incidencia directa en nuestros mercados financieros y de bienes.

En una Unión Europea que no cuenta con una unión monetaria completa, solo veinte de los veintisiete estados miembros comparten el euro, y sin unión bancaria y unión fiscal, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un instrumento clave de la gestión económica y la estabilidad financiera, que actúa como elemento de reequilibrio entre los intereses y necesidades de los diferentes países.

Un instrumento necesario pero que debe actualizarse a la realidad y al contexto que vivimos. La propuesta alcanzada bajo el liderazgo de España al frente del Consejo de la UE adapta y define unas reglas fiscales adecuadas para el siglo XXI garantizando las inversiones y reformas claves para el futuro económico del proyecto europeo, que pasa por avanzar en ámbitos estratégicos.

Unas nuevas reglas fiscales más realistas y equilibradas, adaptada a la realidad post-pandemia, para reducir la deuda de forma compatible con el impulso a la inversión y el crecimiento justo, inclusivo y sostenible. Un marco en el que se tengan en cuenta las especificidades de cada estado miembro basadas en el indicador de la senda de gasto público y que permitan garantizar la reducción de la deuda preservando las inversiones en el ámbito verde, digital, social y de defensa.

Con estas nuevas reglas fiscales, los países con deuda por encima del sesenta por ciento del PIB tendrán que someterse a planes para reducir esos niveles. Planes de cuatro años que podrán ser de hasta siete años, si los Estados se comprometen a realizar reformas e inversiones, teniendo en cuenta como indicador la sostenibilidad de la deuda pública, protegiendo la inversión pública y reforzando la dimensión social del marco cumpliendo con los objetivos del Pilar Social Europeo en el que se incluyen políticas de empleo, formación y protección contra la pobreza.

El objetivo es lograr unas reglas que garanticen una política económica contracíclica, que permita a los países tener margen de endeudamiento cuando es necesario, un crecimiento económico inclusivo y la estabilidad de la Unión Europea, en el que los Estados miembros tengan claridad y previsibilidad en sus políticas fiscales.

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