El Gobierno ha sido criticado en repetidas ocasiones por el retraso en el despliegue de los fondos Next Generation. Algo comprensible habida cuenta de que España acabó 2023 con solo el 46% de esta ayuda ejecutada. Pero estas demoras no se ciñen exclusivamente a esta partida de dinero que la Unión Europea puso en marcha con motivo de la pandemia del Covid. Así lo indica un informe de la Comisión Europea sobre los fondos estructurales, que comprende desde el 1 de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2023, y que refleja que España es el país menos avanzado en la ejecución de esta financiación, con solo el 63% del capital gastado. Pero además, es que el Ejecutivo aún no ha solicitado la llegada de los casi 30.000 millones que restan de esta dotación económica destinada a los programas de cohesión y los fondos agrícola, para el desarrollo rural, marítimo y pesca y el destinado al desarrollo regional.
El plazo termina en cinco meses y es previsible que el Gobierno realice esta petición dentro del periodo. Pero es inaceptable que haya que esperar al tiempo de descuento para solicitar unos desembolsos de los que el 14% (unos 4.000 millones) corresponden al sector agrícola y ganadero. Sin duda esta dotación le hubiera venido muy bien al campo en un momento en el que está con el agua al cuello por el nefasto impacto que en las explotaciones tienen las restricciones medioambientales europeas. Pese a ello, la interinidad política y el hecho de que este Ejecutivo suspenda claramente en la gestión de este tipo de ayudas han impedido que el campo recibiera un importante balón de oxígeno en tiempo y forma. Urge terminar con los retrasos y acelerar la ejecución de estos fondos para que lleguen a sus destinatarios.
