El 1 de enero entró en vigor el Real Decreto Ley 2/2023, de 16 de marzo, por el que los estudiantes que estén realizando prácticas formativas en empresas, sean o no remuneradas, deben cotizar a la Seguridad Social. Esta nueva normativa pretende marcar un hito en términos de justicia laboral al equiparar en algunos aspectos a los estudiantes en prácticas con el resto de trabajadores, y supone un cambio significativo en la dinámica de la gestión educativa y laboral. De ahí radica que tanto las empresas como las universidades y centros de formación hayan expresado reticencias y hayan exigido otra moratoria al Gobierno para su entrada en vigor, debería haberse producido el pasado mes de octubre.
Estimamos que la nueva normativa -independiente del todavía en trámite Estatuto del Becario- puede afectar a 1 millón de estudiantes universitarios y 1,1 millones de estudiantes de Formación Profesional, cuya vida laboral empezará a contar desde el primer día de prácticas, con los efectos que esto conlleva en términos de cotización y de futuras pensiones. Así, los días cotizados durante las prácticas se sumarán a la vida laboral del estudiante, lo que impactará de forma positiva en su jubilación. Esta novedad representa, sin duda, un paso fundamental hacia una mayor equidad laboral.
Cotizar a la Seguridad Social durante las prácticas conllevará varios beneficios, tanto para los estudiantes como para el sistema socioeconómico en general. Así, además de reconocer la importancia de los estudiantes para las empresas, la obligación de cotizar promueve la igualdad de condiciones laborales, ya que los estudiantes en prácticas, al ser considerados profesionales, tienen derecho a algunos de los beneficios de Seguridad Social que corresponden a cualquier trabajador. Por otro lado, también constituye una oportunidad para fomentar la responsabilidad empresarial, mejorar la imagen y la reputación de las empresas, al reconocer la importancia de la formación tanto para el desarrollo profesional de los estudiantes como para el impacto positivo en la sociedad de cara a su futura inserción laboral, ya que les permite adquirir una experiencia que puede ser beneficiosa para su incorporación en el mercado laboral.
Pero, también es cierto que este salto hacia adelante en términos de equidad y justicia laboral supondrá un cambio importante en la gestión de las prácticas por parte de los actores implicados, tanto de las universidades y centros de formación que las promueven como de las empresas que acogen a los estudiantes que se están formando. En principio, la obligación de dar de alta al estudiante y asumir el coste de la cotización es de la empresa, salvo que en el convenio que firme con el centro formativo se acuerde que sea este el que asuma la gestión, una opción por la que se han decantado muchas empresas, sobre todo pequeñas, con menor estructura para hacerse cargo de esta gestión ni recursos para asumirla (estará bonificada en el 95% y el Ministerio de Educación abonará el 5% restante en 2024, pero no se ha concretado qué sucederá a partir del año siguiente).
De este modo, todo hace prever que serán las universidades y centros formativos los que deberán asumir de forma casi generalizada esta novedad normativa, con la complejidad que ello entraña, pues se trata de pasar a gestionar la vida laboral de miles de estudiantes en la mayoría de los casos. Cualquiera que sea la entidad que asuma la obligación de cotizar por los estudiantes en prácticas, lo cierto es que se enfrenta a la necesidad de gestionar eficientemente esta carga adicional de trabajo. En este escenario, resulta crucial reconocer que la implementación exitosa de esta nueva normativa requiere una gestión eficiente y, para ello, contar con herramientas tecnológicas especializadas se convierte en una necesidad imperante. Adoptar soluciones tecnológicas que faciliten esta gestión se presenta como una inversión estratégica para garantizar una transición sin contratiempos y potenciar la eficiencia operativa en el marco de esta nueva realidad laboral.
En definitiva, si bien la implementación de la nueva normativa presenta retos y desafíos, es esencial reconocer la oportunidad que representa para dibujar una cultura empresarial más igualitaria. La cotización de estudiantes en prácticas no solo beneficia a los jóvenes profesionales, sino que también puede impulsar el desarrollo de un tejido empresarial más justo, equitativo y preparado para los desafíos futuros en el ámbito laboral.