La gestión laboral constituye un pilar fundamental en cualquier empresa, ya que incluye elementos clave que van desde la contratación, el desarrollo profesional, el cumplimiento de las normativas y el bienestar de los empleados hasta la elaboración de nóminas, considerado uno de los más críticos, ya que no representa únicamente una compensación por el trabajo realizado, sino que refleja la seriedad y estabilidad de las organizaciones. La precisión y puntualidad en el pago de los salarios, la correcta aplicación de deducciones y beneficios y el cumplimiento de las obligaciones fiscales son aspectos indispensables que requieren una atención meticulosa. Así, la gestión de las nóminas es esencial para el funcionamiento de las empresas y para mantener equipos de trabajo comprometidos y productivos.

El 1 de enero entró en vigor el Real Decreto Ley 2/2023, de 16 de marzo, por el que los estudiantes que estén realizando prácticas formativas en empresas, sean o no remuneradas, deben cotizar a la Seguridad Social. Esta nueva normativa pretende marcar un hito en términos de justicia laboral al equiparar en algunos aspectos a los estudiantes en prácticas con el resto de trabajadores, y supone un cambio significativo en la dinámica de la gestión educativa y laboral. De ahí radica que tanto las empresas como las universidades y centros de formación hayan expresado reticencias y hayan exigido otra moratoria al Gobierno para su entrada en vigor, debería haberse producido el pasado mes de octubre.

El pasado 14 de enero era la fecha límite para que cualquier empresa de más de 100 trabajadores presentase su auditoría de brecha salarial por razón de sexo. Esta es una de las diversas medidas que en los últimos años se están impulsando para paliar la discriminación que existe entre hombres y mujeres y que, según datos de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, se concreta en un salario un 28,6% más bajo; es decir, por hacer el mismo trabajo, las mujeres en España cobran 4.915 euros al año menos que los hombres. Si no se adoptaran medidas legales para garantizar el derecho a la igualdad, las mujeres tardarían 105 años en alcanzar la paridad con los hombres.

El 14 de abril entrará en vigor el Real Decreto 902/2020 que establece medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva. En todo el mundo se está trabajando en este sentido, y España no es una excepción. La normativa introduce diferentes modificaciones legales para corregir desigualdades en el mercado laboral. Entre ellas, la reducción de la brecha salarial en las empresas y la obligación de mantener un registro salarial.