Opinión

Un paso más en la lucha contra la desigualdad laboral

Foto: iStock

El pasado 14 de enero era la fecha límite para que cualquier empresa de más de 100 trabajadores presentase su auditoría de brecha salarial por razón de sexo. Esta es una de las diversas medidas que en los últimos años se están impulsando para paliar la discriminación que existe entre hombres y mujeres y que, según datos de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, se concreta en un salario un 28,6% más bajo; es decir, por hacer el mismo trabajo, las mujeres en España cobran 4.915 euros al año menos que los hombres. Si no se adoptaran medidas legales para garantizar el derecho a la igualdad, las mujeres tardarían 105 años en alcanzar la paridad con los hombres.

Por este motivo, y para intentar paliar esta discriminación por razón de sexo, el Gobierno dictó el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; una norma para garantizar la trasparencia y el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre hombres y mujeres en materia retributiva.

En primer lugar, la norma -en vigor desde el 14 de abril de 2021- obligó a las empresas a disponer de un registro salarial que contemplara los salarios disgregados por sexo, incluyendo complementos y percepciones extra, y distribuidos por categorías profesionales o puestos de trabajo de igual valor. Este registro salarial constituye un primer paso para tener una fotografía nítida de la realidad de las empresas españolas en cuestión de paridad: se trata de un registro obligatorio que incluye sanciones económicas y limitaciones para presentarse a concursos públicos si existieran diferencias salariales sin justificación.

Como segundo paso, el Gobierno anunció la obligatoriedad de realizar una auditoría de brecha salarial de género en las empresas de más de 100 trabajadores. Se trata de una medida más en la apuesta por hacer efectiva la igualdad de trato y la no discriminación entre hombres y mujeres en materia retributiva, corrigiendo las desigualdades del mercado laboral.

Una auditoría retributiva recopila la información relativa al salario de los trabajadores de una empresa, con la elaboración de un registro salarial para comprobar las desigualdades salariales existentes en la empresa, el análisis de esta información, la fijación de metas futuras y la puesta en marcha de planes de actuación para alcanzar los objetivos propuestos en materia de igualdad salarial. Cuando se detectan posibles causas o disparadores que hacen posible la desigualdad, se tiene que incorporar un plan de igualdad en la empresa mediante una serie de acciones correctoras detallando un cronograma, actuaciones, objetivos y las personas responsables de ejecutar dichas acciones.

Con el fin de facilitar a las empresas y despachos profesionales esta nueva obligación derivada del Real Decreto, existen soluciones de recursos humanos que se han adaptado de forma inmediata a la nueva norma. Así, resulta necesario contar con herramientas de software que nos proporcionen un diagnóstico real de la brecha salarial de nuestra empresa, incluyendo no solo los conceptos básicos para el registro retributivo (valores medios de los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales), sino también que atiendan a situaciones especiales y concretas en la que se pueden encontrar los trabajadores de manera puntual, pero que no deben influir ni desvirtuar este registro (permisos de maternidad o paternidad, incapacidad temporal, ERTE, altas y bajas, contratos a tiempo parcial, etc.).

El objetivo último del Real Decreto 902/2020 es garantizar el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación entre hombres y mujeres a través del registro salarial y la auditoría de brecha salarial. Pero, además, existen datos económicos y sociales que refuerzan esta apuesta por la igualdad de género, fortaleciendo la legítima y necesaria demanda de igualdad en todos los ámbitos económicos, políticos y sociales.

Por todo ello, las medidas de igualdad dictadas por el Gobierno son una medida necesaria para la no discriminación en el ámbito laboral, pero suponen tan solo una parte de las acciones que podemos realizar como sociedad para seguir avanzando en términos de igualdad real.

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