Los estudiantes tendrán que cotizar por sus prácticas. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha trasladado a las Comunidades Autónomas que la modificación de la Ley de Seguridad Social que establece esta obligación entrará en vigor el 1 de enero, a pesar de que 14 regiones habían solicitado su retirada o aplazamiento al siguiente curso debido a las numerosas dificultades administrativas y de gestión que supone su puesta en marcha.
Durante la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles, las comunidades trasladaron a la ministra Pilar Alegría su preocupación por la entrada en vigor de la medida en apenas dos semanas e instaron a aplicar una moratoria al no contar todavía con una regulación que detalle, entre otras cuestiones, cómo se gestionarán las altas y bajas en la Seguridad Social.
En este sentido, Madrid lamenta que el Ministerio mantenga esta medida "lesiva" tanto para los estudiantes como para las empresas. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la región, Emilio Viciana, ha explicado que "Pilar Alegría no ha atendido a razones y se ha negado también a aplazar su puesta en marcha, algo que ha comunicado a los medios ausentándose de la reunión cuando ésta aún no había terminado".
Viciana ha remarcado que en Madrid hay "casi 200.000 estudiantes matriculados en FP y en las universidades públicas que tienen que hacer este curso prácticas para poder titularse" y que "son alumnos, no trabajadores". El consejero ha afirmado que esta modificación, además de crear dificultades de gestión para las empresas y para las administraciones públicas, "provoca desamparo de los más desfavorecidos, confusión, inseguridad jurídica, desincentivo para las empresas e instituciones". "Puede suponer la paralización de la FP y la universidad y, en consecuencia, de la economía del país", ha sentenciado.
El sistema de prácticas, "en riesgo"
Viciana ha puesto de manifiesto además los "enormes problemas que esta medida conlleva", para los cuales el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social "no tiene respuesta y deja en grave riesgo el sistema de prácticas". "Me gustaría añadir que en la reunión se han manifestado en contra de esta medida numerosas comunidades autónomas, no sólo del PP, sino otras como País Vasco", ha explicado, al tiempo que ha reseñado que aunque Cataluña "no se ha mostrado en contra", sí ha expresado "una gran preocupación por la gestión de las prácticas". "En el fondo, los únicos apoyos que tenía la ministra eran los de apenas dos comunidades autónomas", ha remarcado.
Por su parte, Extremadura también ha lamentado que el Ministerio no acepte aplazar las cotizaciones de los alumnos en prácticas. La Junta no se opone a la implantación de esta medida, pero sí a la precipitación impuesta desde el Ministerio, según ha explicado la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera.
Si bien la parte económica está solventada con la bonificación del 95% para el primer año, el problema principal radica en la gestión de las altas y las bajas a la Seguridad Social, dado que todavía no se ha regulado cómo hacerse. Esta burocracia recaería en las empresas o en la Administración y "sobre eso no hay desarrollado nada y solo quedan nueve días".
La consejera ha enumerado los inconvenientes de aplicar esa medida, pues "los centros no saben cómo se va a llevar a cabo, en la Seguridad Social no lo saben, se habla de un aplicativo que no se conoce, como qué ocurre con las bajas. Esta precipitación no nos beneficia a nadie".
Andalucía y Aragón reclaman una regulación
También la consejera de Desarrollo Educativo y FP de Andalucía, Patricia del Pozo, ha calificado de "profundamente decepcionante" la Conferencia Sectorial de Educación, en la que "14 comunidades autónomas pedimos una prórroga de la cotización en la Seguridad Social de los alumnos en prácticas, pero "tras más de cuatro horas de reunión se decidió que no se daba".
"Ese era uno de los temas importantísimos que teníamos ayer encima de la mesa", ha insistido Del Pozo, para añadir que la mayoría de las comunidades autónomas "habíamos pedido esa reunión urgente en el Ministerio, habida cuenta de lo que supone para un sistema de FP cuya normativa está naciendo, ya que todavía no tenemos ni siquiera los reglamentos, y las comunidades no hemos podido adaptarnos aún a la normativa nacional porque falta el catálogo de titulaciones y un montón de instrumentos que no se han desarrollado incumpliendo el calendario normativo".
Y, continúa, "cuando estamos todos haciendo un esfuerzo tremendo, intentando pasar toda la FP a dual, adaptándonos a la ley, cuando estamos reclamando la colaboración de los empresarios, cuando estamos trabajando a tope para conseguir todo esto, quieren mantener una medida que tal y como está concebida en estos momentos es absolutamente lesiva para el crecimiento de nuestro sistema formativo de prácticas".
Desde Aragón, que también solicitó una moratoria, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, ha insistido en la "inseguridad jurídica" del modelo propuesto y los efectos perversos que puede generar por su deficiente implementación, al tiempo que ha avisado de que puede "romper los puentes entre el mercado laboral y la FP".
"El reconocimiento de este derecho debe ir de la mano de un sistema fiable y viable para su implantación en tiempo y forma, que permita realizar las bajas y las altas en la Seguridad Social del alumnado que realiza formación mediante prácticas. En las condiciones actuales, la medida podría desincentivar la participación de empresas e instituciones y comprometer al tejido productivo que conecta la FP y también las Universidades con las empresas", ha señalado.
Castilla y León incide en el sobrecoste
La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha remitido dos cartas a los ministerios competentes en las que solicita la derogación de la gestión del alta en la Seguridad Social del alumnado de Formación Profesional o la moratoria de la entrada en vigor hasta el año 2025.
La consejera, Rocío Lucas, se ha mostrado contraria a la implantación inmediata de esta norma ya que puede desincentivar la participación de empresas e instituciones en la formación del alumnado universitario y de FP. La Junta considera, además, que va a suponer un alto sobrecoste, por lo que exige que se financie esta medida, tanto el gasto de las cotizaciones, como los medios personales para atender su gestión.
Asimismo, ha incidido en el incremento exponencial del trabajo de gestión en los centros educativos, en las direcciones provinciales y en los servicios centrales, lo que provocará a su vez un sobrecoste que, "una vez más", tendrán que soportar las comunidades autónomas.
Valencia alerta de los fallos
Finalmente, Valencia también ha instado al Gobierno a prorrogar la entrada en vigor de la nueva regulación ante "la incertidumbre generada". El conseller de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha incidido en que "el testeo ha demostrado que hay muchos fallos. La Comunitat Valenciana es junto a Canarias una de las comunidades donde se ha realizado un pilotaje y salen muchísimos errores. Por eso creemos que es necesario aplazar la medida hasta garantizar un sistema fiable y viable, aunque la ministra no nos ha escuchado".
"El propio director general de la Tesorería de la Seguridad Social reconoció ayer que sigue habiendo muchas dudas y que en los próximos días las aclararán. Pero el 1 de enero entra en vigor esta medida, ¿cuándo va a aclararlo?", se ha preguntado José Antonio Rovira.
El responsable de política educativa del Consell ha mostrado su "decepción" por el resultado de la Conferencia de Educación. "Fuimos a la reunión con el objetivo de que el Ministerio prorrogara unos meses esta medida, pero en lugar de querer abordarlo la ministra no le dio importancia e introdujo como tema la prohibición de los móviles, que ella misma había negado hace menos de tres semanas", ha finalizado.
