Uno de los grandes problemas de la economía española es la baja productividad, debido al elevado peso que en el PIB tienen sectores de poco valor añadido. Esto impidió a nuestro país que incluso en los años del milagro económico (los años previos a la crisis de 2008) se pudiera reducir la brecha que nos separa de Europa en riqueza. En este contexto, lo lógico sería legislar para incrementar la productividad, que está a la cola de la UE y la OCDE. Por desgracia, el Gobierno lleva haciendo lo contrario desde su llegada al poder en 2018. Así lo demuestran medidas equivocadas como las desorbitadas alzas del Salario Mínimo que se han llevado a cabo en el periodo, y que han supuesto un incremento de esta paga del 54% en menos de seis años.
En concreto el SMI ha pasado de 735 euros en 14 pagas a 1.134 tras la firmada esta misma semana entre el Gobierno y los sindicatos, que no ha contado con el acuerdo de la patronal. Con este último incremento, el actual SMI solo es inferior al 60% del salario medio en cuatro autonomías. Un dato que evidencia que los incrementos de esta retribución solo pueden ser calificados de desmedidos y populistas. De hecho España es el segundo país de Europa, tras Lituania, que más ha incrementado el SMI. Con todo, el gran problema es que el alza de esta variable eleva los ya altos costes laborales que pagan las empresas, ya que se suman al incremento de las cotizaciones sociales para las pensiones. Esto supone un golpe para la competitividad y productividad de las compañías, lo que lastra sus posibilidades de invertir y crecer. Un nefasto efecto que sufren en mayor medida las pymes y que, evidentemente, también pasa factura a la creación de empleo, especialmente en aquellos en los que se precisa de menor cualificación.
