Ha sido llegar las primeras asignaturas pendientes y el primer examen parlamentario de la legislatura para destapar la verdadera índole dictatorial de este Gobierno, torticeramente autocalificado de progresista, pero autoritario y despótico con quienes no le aplauden ni le bailan, y sumiso y servil ante quienes le sostienen y le mandan.
Un despotismo populista que se está acentuando especialmente en el ámbito laboral y por el departamento de la vicepresidenta segunda,Yolanda Díaz, que no sólo chantajea a las empresas, sin ningún tipo de pudor, sino que muestra un absoluto desprecio por el diálogo social y el respeto a la economía de mercado, y que tuvo su primera plasmación en la imposición de la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales o de empresa, un regalo de Sánchez al PNV para seguir en La Moncloa, que en la práctica suponen un atentado contra la unidad de mercado y rompen la igualdad de los trabajadores acentuando las diferencias salariales y derechos laborales entre las comunidades.
La misma actitud de prepotencia que ha exhibido el Ministerio de Trabajo con la extorsión y las amenazas de castigo a la CEOE y las empresas para que aceptaran su propuesta de subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Propuesta unilateral, y que se hace sin tener en cuenta la productividad ni las tensiones inflacionistas, mientras ellos se niegan a indexar esa misma subida a los contratos públicos.
Toda una demostración de intervencionismo y de intento de estatalización de la economía en un país donde han cerrado 51.000 empresas desde que gobierna Pedro Sánchez. Donde el salario mínimo ha aumentado en un 46,8% en sólo cinco años, el mayor aumento, con diferencia, de todos los países industrializados, y donde la productividad ha experimentado la mayor caída de la OCDE con un descenso del 3,8%. Un país que lidera el paro de la Unión Europea y también el absentismo laboral con 1,3 millones de horas diarias, y donde los datos de contratación muestran que los 1.116.513 contratos realizados en diciembre son 73.764 menos, el 6,20%, que en diciembre de 2022, mientras que en el conjunto 2023 los 15.444.205 contratos formalizados suponen una caída de 2.866.138 contratos, el 15,65% con respecto al año precedente.
Es decir menos contratos y menor descenso del desempleo para confirmar que el mercado laboral se ha estancado, con un frenazo especialmente grave en el segundo semestre que se acentúa en la contratación indefinida que en diciembre refleja una caída del 26,30% respecto a noviembre y del 10,68% en variación interanual, con el añadido de que de este total de contratos indefinidos, menos de la mitad, sólo el 40,5%, tienen una jornada completa de trabajo. Hoy tener un contrato indefinido no supone estabilidad en el empleo ni poder llegar a fin de mes.
A todo ello se acaba de añadir la nueva cesión del sanchismo gobernante ante el fugado de la Justicia, Puigdemont, que es el verdadero presidente del Gobierno, aunque permita que Sánchez duerma en La Moncloa, para obligar a volver a Cataluña a las empresas que se fueron a causa del golpe de Estado del Procés. Un atentado más a la libertad de empresa, al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica que ahuyenta la inversión, la creación de riqueza y el empleo. Y para muestra, un dato, con Sánchez en el Gobierno, España ha pasado de ser la octava potencia económica mundial a la decimoquinta y estamos a punto ser sobrepasados por Indonesia.
PD. Y en este clima de confrontación con las empresas el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo se estrena en el cargo rechazando la invitación del Club de Exportadores e Inversores Españoles para clausurar la entrega de los premios a la Internacionalización. Así se apoya y se agradece desde el Ejecutivo la inversión y los esfuerzos para potenciar nuestro sector exterior, la imagen y la marca España. ¡País!
