Entre 2004 y 2021 el número de inmigrantes en España con un nivel educativo básico fue de los más elevados de la UE, sólo superado por Italia. Tendemos a creer que todos los inmigrantes tienen un mismo origen social y olvidamos que inmigrantes también son los altos ejecutivos de las multinacionales que se han instalado en España. Pese a ello, la inmigración en España es algo deprimente, porque el número de inmigrantes con un nivel educativo alto ha sido insignificante, frente a los incrementos registrados en Hungría, Bélgica o Suecia en el periodo (2004-2021).
De hecho, en 2021 el porcentaje de población inmigrante (25-54 años) residente en España con titulación universitaria era inferior al de Holanda, Portugal o Francia, países que, sin embargo, en 2004 presentaban niveles inferiores a los de la población inmigrante española.
El país más exitoso en este sentido es Irlanda, cuya proporción de población nacida en el extranjero con estudios superiores creció entre 2004 y 2021 de forma muy notable.
En la mayoría de países europeos, el porcentaje de inmigrantes con estudios superiores se ha reducido; por ejemplo en Portugal cayó más de 25 puntos porcentuales entre 2004 y 2021, en Irlanda durante ese mismo periodo bajó casi 20 puntos. Sin embargo, en España esa caída fue muy pequeña. España contaba en 2021 con uno de los porcentajes más altos de la UE de población nacida en el extranjero con bajas cualificaciones, sólo superada por Italia.
La procedencia también juega un papel en este asunto. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2022, la población inmigrante con menor nivel educativo procede de África: tres cuartas partes de ellos sólo tienen estudios de secundaria obligatoria o inferiores, una quinta parte cuenta con estudios post-obligatorios no terciarios y sólo el 6% ha obtenido un título universitario.
Los inmigrantes procedentes de América Latina presentan una composición educativa más equilibrada: el 31% ha alcanzado la secundaria obligatoria, proporción que coincide con aquellos que han completado la secundaria post-obligatoria no universitaria, mientras que el 24% ha obtenido un grado.
Me preocupa especialmente la trayectoria profesional de los hijos de los inmigrantes, muchos de ellos nacidos ya en España y sujetos a la obligatoriedad que imponen las leyes educativas españolas. Pero esa obligatoriedad que no se puede ni se debe imponer en los estudios no obligatorios, por eso deja en manos de los estudiantes y de sus padres la posibilidad de alcanzar la universidad y la Formación Profesional de grado superior.
De mi actual experiencia en las universidades públicas madrileñas –y más concretamente en los Consejos Sociales, que en 2023 y 2024 presidiré por turno– tengo la sensación, no confirmada estadísticamente, de que los hijos de inmigrantes ocupan muchas menos plazas en la enseñanza superior de las que les correspondería ocupar dado su peso demográfico. Mi experiencia personal con inmigrantes latinoamericanos que habitan en mi barrio, La Latina, tiende a avalar esa intuición, pues muy pocos padres y madres inmigrantes quieren otra cosa para sus hijos que un trabajo que les permita aportar dinero para afrontar los gastos comunes.
Y si esta sensación se confirmara, el futuro profesional que les espera a esos hijos de inmigrantes sería un desastre social para ellos y también para la sociedad española.
