El Gobierno anunciará antes de que termine el año un nuevo paquete de alivio social que incluirá bastantes de las medidas que el propio Pedro Sánchez anunció en su debate de investidura. Entre ellas se incluye la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos, electricidad y gas, la gratuidad del transporte público para jóvenes y desempleados, nuevas ayudas a los tenedores de hipotecas y al alquiler y la construcción de 184.000 viviendas públicas. El Gobierno, por tanto, mantendrá buena parte de las medidas antiinflación en 2024 pese a que los precios se sitúan ya en un contenido 3,2%. Un costoso escudo social cuya existencia carece de argumento alguno ante el fin de la crisis de la inflación y la perspectivas de bajadas de tipos de interés para 2024. Así lo estima también la Comisión Europea o el Banco de España, que instaron al Gobierno a poner fin a las medidas para evitar un desvío en las cuentas públicas.
La AIReF va incluso más allá y afirma que el mantenimiento de las subvenciones comprometen los objetivos de déficit público que se reactivarán con la vuelta de las reglas fiscales en Europa. Pese a estas advertencias, el Gobierno elevó el techo de gasto para sustentar una innecesaria prórroga del escudo social que tendrá un coste de hasta 12.000 millones y que espera financiar gracias a un alza del 9% de la recaudación. Una previsión de ingresos más que discutible en un contexto de clara desaceleración económica en el que el rendimiento de varios tributos ya flaquea. Por tanto, el alza de los desembolsos para mantener las ayudas por la inexistente crisis de los precios es cuanto menos temerario y amenaza con someter a la economía española a un fuerte desequilibrio en el corto plazo.
