El Consejo de Ministros aprobó el martes la senda de corrección fiscal, conocido técnicamente como Plan de Reequilibrio. Un texto del que sólo se conocen las estimaciones de déficit público que la vicepresidenta María Jesús Montero anunció el martes: 3% en 2024, 2,7% en 2025 y 2,5% en 2026. Una senda que permitiría cumplir con Bruselas ante el regreso el próximo año de las reglas de estabilidad, suspendidas por la pandemia, pero que casi nadie fuera del Ejecutivo se cree. Así, la consultora Freemarket estima que los pactos de investidura dispararán el gasto en 100.000 millones lo que elevará la deuda y el déficit dos puntos del PIB.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tampoco considera factible la hoja de ruta del Gobierno y ha criticado con dureza un plan que "no se ajusta a la ley" y está vacío, al no incorporar un cuadro macroeconómico ni las medidas que se van a tomar para lograr esos objetivos de déficit y deuda. De hecho, el organismo exige una estrategia realista que tenga en cuenta los retos a los que se enfrenta la recaudación en un contexto de clara desaceleración, que cuestiona la previsión del Gobierno de elevar un 9% los ingresos en 2024. En concreto, la AIReF pide un ajuste anual de 0,64 puntos del PIB al año durante el periodo 2025-2028 para cumplir con Bruselas. Un recorte de 8.600 millones al año que es evidente que el Ejecutivo no tiene intención de realizar por la vía de los desembolsos. De hecho, acaba de aprobar un incremento del 9,3% en el techo de gasto (si no se tienen en cuenta los fondos UE) que supone una total irresponsabilidad, ya que amenaza con elevar el desequilibrio públicos el próximo año. Una medida que también evidencia que el Gobierno carece de un plan realista para bajar el déficit y la deuda.
