La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha tomado el control de la negociación de la reforma de los subsidios por desempleo. Lo hace para cumplir con los compromisos con la Comisión Europea, que demanda cambios serios para impulsar la activación de los parados y que estas ayudas no sean meras prejubilaciones encubiertas con cargo a las arcas públicas. Esta posición contrasta con la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que insiste en seguir elevando el gasto sin haber sido capaz en cuatro años de mejorar la eficacia de las políticas activas imprescindibles para apoyar a estas personas a escapar del paro de larga duración. Un irresponsable ejercicio de populismo laboral del que Bruselas ha tomado nota y trata de frenar.
