La Ley de Estabilidad Presupuestaria indica que el Gobierno debe enviar a Congreso y Senado el límite de gasto no financiero para el próximo año, conocido como techo de gasto, que supone el primer paso para elaborar las nuevas cuentas públicas. También debe mandar a ambas cámaras los objetivos de estabilidad (reparto del déficit) de todas las administraciones públicas (Central, CCAA, Seguridad Social y ayuntamientos). Pero la normativa detalla que el Ejecutivo no necesita la aprobación ni en el Congreso ni en el Senado del techo de gasto, ya que ni siquiera se vota. Esto permitiría al Ejecutivo sacar adelante los Presupuestos de 2024 pese al previsible veto del Senado, donde el PP tiene la mayoría.
Pero eso no quiere decir que el Gobierno tenga libertad absoluta para elaborar las cuentas públicas, ya que los objetivos de déficit de las administraciones públicas sí que se someten a votación y, por tanto, pueden ser rechazados por el PP en Senado. Tal circunstancia ya se dio en 2018, pero entonces el Gobierno se valió de la anterior referencia de déficit y deuda para elaborar el presupuesto. Pero ahora el escenario es muy diferente, ya que con las reglas fiscales europeas suspendidas desde 2020, no existen tales objetivos en ejercicio pasados recientes. El Gobierno, por tanto, podrá sacar adelante los Presupuestos, pero tendrá que presentar unos objetivos de déficit a Bruselas sin ningún tipo de respaldo parlamentario. Una anomalía presupuestaria que puede generar problemas jurídicos con Bruselas ante el retorno de las reglas fiscales el próximo año. Además, unas cuentas públicas sin consenso tampoco son la mejor carta de presentación para cumplir con la UE y para impulsar el crecimiento de la economía.
