Un futuro Gobierno del PSOE tendrá prácticamente imposible sacar adelante unos nuevos Presupuestos General del Estado (PGE) para cumplir con las reglas fiscales que marcará Bruselas y, previsiblemente, obliguen a recortar 20.000 millones de euros. Los presupuestos tendrían que pasar el visto bueno del Congreso, donde podría reunir mayoría de izquierdas, pero también del Senado, Cámara que domina el PP. La única salida que le quedaría al Gobierno de Sánchez pasa, como ya se apunta en los mentideros políticos, por cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 que encabezó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para regresarla a su estado anterior. Esta norma, en la época de Rodríguez Zapatero, permitía aprobar los presupuestos tan solo con el apoyo del Congreso, pero la modificación de Montoro incluyó en el punto 6 del artículo 15 que también se necesitara el aval del Senado.
Sin embargo, según fuentes políticas y del sector jurídico consultadas por este diario, señalan que para que el Gobierno socialista pudiera cambiar la norma tendría que presentar un proyecto de ley con la modificación, que a su par también tendría que recibir el visto bueno de las dos Cámaras, lo que en la situación actual de fragmentación de fuerzas ven "inviable".
La posibilidad de que salga un Gobierno estable y con apoyos para aprobar unos nuevos presupuestos que cumplan con las reglas fiscales de Europa tiene muchos nubarrones en el horizonte. De inicio, las posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo consiga apoyos para su investidura en las sesiones del 26 y 27 de septiembre es prácticamente nula. El dirigente del PP necesitaría 176 votos y con los de su partido, Vox, Coalición Canaria y PNV solo alcanza 172. Si fracasa, se abre un plazo de dos meses para que Pedro Sánchez consiga apoyos y todo está en manos de Junts que ya ha avisado que no tiene prisa por tomar una decisión por lo que, si finalmente le da el sí, la investidura se alargaría a la última semana de noviembre.
Prórroga obligada
Con estos plazos ya es imposible que el nuevo Gobierno tenga aprobados unos nuevos presupuestos a 31 de diciembre para que entren en vigor el 1 de enero, por lo que, tanto por el artículo 38 de la Ley General Presupuestaria como por el 134 de la Constitución Española "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".
Así, el año 2024 comenzará con unos presupuestos de 2023, al margen de las exigencias de Europa, que ya apunta a respetar el 3% de déficit. Si para entonces, Sánchez ha conseguido ser investido por el Congreso tendrá que correr para presentar unas nuevas cuentas, para lo que primero tendrá que aprobar un límite de gasto y déficit, recopilar todas las propuestas de los ministerios, Hacienda elevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para su luz verde y después pasar a las Cámaras, con el respectivo bloqueo que ya se anticipa en el Senado. Lo que abocaría a que no haya presupuestos, el Ejecutivo no pueda gobernar y a convocar elecciones. No obstante, si Sánchez saliera investido, no se podrían disolverse las Cortes en un año.
Así, el Ejecutivo quedaría atrapado en unas cuentas antiguas sin visos de ser modificables. Al Gobierno, según las fuentes consultadas, solo le quedaría sacar un Decreto-Ley para intentar ajustar los antiguos presupuestos a las exigencias de Europa, pero esta figura normativa también debe validarse en el Congreso. Una situación que las mismas fuentes también consideran complicada ante la dificultad de contar con apoyos a unas cuentas con más ajustes y subidas impositivas para incrementar la recaudación. La situación aboca a otras elecciones en 2024.
Impacto para la economía
El gran problema de la ausencia de presupuestos es la exigencia de Bruselas de recuperar la rigidez fiscal. El Gobierno ya se comprometió en el Plan de Estabilidad a alcanzar el objetivo de déficit del 3% del PIB en 2024, lo que se traduciría en que debe hacer un ajuste de 20.000 millones de euros, según cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y tomando como referencia 2022.
Sin embargo, esta senda para bajar el déficit se trazaría a ciegas si no hay nuevas cuentas. "Se prorrogaría y trasladaría todo el presupuesto en materia de ingresos y gastos", explica Antonio Méndez Baiges, abogado de Mercer y miembro de Ocopen. Así, la Hacienda española afrontaría un importante ajuste del déficit público sin posibilidad de incrementar los ingresos vía fiscalidad ni bajar los gastos a través de ajustes.
Facultades en funciones
A pesar de la apremiante necesidad de sacar adelante unos nuevos presupuestos, los intentos no podrán llevarse a cabo hasta que no haya un Gobierno pleno. El artículo 134 de la Constitución Española prohíbe a un Gobierno en funciones aprobar unos Presupuestos General del Estado, como también lo hace la Ley de Gobierno de 1997 que dice expresamente que el presidente en funciones no tendrá facultades para aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Además, esta misma norma elimina cualquier posibilidad para que los Gobiernos en funciones planteen modificaciones a cualquier ley ya que les veta la facultad para presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado y también cierra cualquier tipo de actividad legislativa a las dos Cámaras durante este periodo. Fuentes jurídicas señalan a este diario que lo que las leyes pretenden con estos vetos es que el Gobierno en funciones continúe sólo con la actividad meramente necesaria mientras llega el nuevo Ejecutivo.