La sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de noviembre que avaló el impuesto temporal a las grandes fortunas ha desencadenado movimientos diferentes en los dos países que forman la Península Ibérica. Por un lado, el gobierno portugués ha dado marcha atrás a la eliminación del régimen fiscal ventajoso para los residentes no habituales, similar a la conocida en España como Ley Beckham, con el objetivo de atraer a los grandes contribuyentes españoles. Algo que conseguirán habida cuenta de que la sentencia ha generado una ola de llamadas de personas con patrimonios relevantes a los bufetes de abogados en busca de un cambio acelerado de residencia fiscal. Este movimiento refleja la inquietud que entre los mal llamados "ricos" ha creado el fallo.
Algo comprensible ya que la sentencia otorga vía libre al Gobierno para extender la aplicación de la tasa al próximo 2024 sin contratiempos jurídicos. Una ampliación que el Ejecutivo ya tiene prevista y que incluso podría ser mayor ante el interés de Moncloa de convertirlo en permanente. Así lo indicó el propio Pedro Sánchez en su discurso de investidura al asegurar que "los ricos, lo siento, tienen que pagar más que el resto". Una frase que desvela que el Gobierno pretende que las grandes fortunas, y también las empresas, sigan financiando la fiesta del gasto público ante la vuelta de las reglas fiscales a la eurozona. Los "ricos", por tanto, están abocados a un nuevo varapalo fiscal. Un castigo que ahuyentará a los inversores extranjeros de España, que llevarán su dinero a otros países (como Portugal) con menor afán recaudatorio. Pero además, el golpe a aquellos con más recursos para invertir es un claro freno al estímulo económico, ya que reduce su capacidad para crear riqueza y empleo.
