El final de la pandemia y la crisis de la inflación han estado lejos de generar un cambio para aquellas personas que hacen de la ausencia de su puesto de trabajo una práctica habitual. Lo evidencian los datos de Randstad Research relativos al segundo trimestre de 2023, cuando más de 1,3 millones de personas faltaron cada día a su puesto de trabajo.
Una cifra récord que supone un incremento del 39,7% respecto a 2019. Por si fuera poco, las bajas sin justificar se han elevado un 21% en el mismo periodo hasta llegar a las 300.000. A pesar de este aumento, el absentismo ha sido durante años una práctica que banalizada, hasta el punto de disfrutar incluso de cierta permisividad en algunos sectores. Pero en realidad es un problema de primer orden por el impacto económico que genera.
Para empezar, en la Seguridad Social donde estas ausencias generan un menoscabo de más de 100.000 millones anuales. Asimismo, el absentismo provocó pérdidas superiores a los 40.000 millones para las empresas en 2021, por el impacto negativo en la productividad. Ante la magnitud de estas cifras, la Seguridad Social destinó en 2022 una partida de 315 millones, de la que participaron las autonomías, para dotar de más medios a las inspecciones. Una medida adecuada aunque insuficiente a tenor de la tendencia al alza que mantienen las ausencias laborales.
Es evidente que la lacra del absentismo requiere de más medidas para ponerle coto. Con este fin, el hecho de que los sindicatos y las patronales pactaran en el último acuerdo salarial que fueran las Mutuas adscritas a la Seguridad Social las que gestionen las bajas laborales, y no los médicos de cabecera, como ocurre hasta ahora, supone un paso en buena dirección, pero insuficiente para frenar el absentismo.
