Para mejorar el bienestar de los ciudadanos y reducir el desempleo, el crecimiento económico no sólo es necesario sino simplemente imprescindible. Por eso, que, en un entorno desfavorable, la economía española continúe creciendo es una buena noticia. Pero, para continuar creciendo a medio y a largo plazo, resulta imprescindible que la productividad vaya creciendo y no se estanque. Aquí, las noticias no son tan buenas porque la productividad está disminuyendo ligeramente, tanto si la medimos en términos de producción por hora efectivamente trabajada, o aún más, si lo hacemos en términos de puesto de trabajo a tiempo completo.
"A muy largo plazo, casi lo único que importa es la innovación". Como señalaba John Maynard Keynes, en su única conferencia en España (en la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1930), el futuro económico de nuestros nietos se construirá sobre la innovación (y será mejor). Por eso, el estancamiento de la productividad real en España desde la primera década de este siglo es un problema de falta de innovación y de problemas en la educación. Pero, además de estos dos factores que son clave en la economía del conocimiento, hay otro factor de más corto plazo: la inversión.
En el tercer trimestre de este año, el dato más preocupante, en mi opinión, fue la caída de la inversión pese a la inversión de los fondos Next Generation. Y el principal problema es que no es un dato aislado. Durante este 2023, la formación bruta de capital ha estado por debajo del 20% del PIB. Para que nos hagamos una idea, en la primera década de este siglo estuvo alrededor del 30% del PIB. Esto, en términos reales es una mayor inversión en vivienda, que el sector público invirtió más en infraestructuras, pero, sobre todo, que las empresas invirtieron mucho más en equipo e instalaciones. Este proceso inversor no era financiable con el ahorro interno español. Por eso, con la crisis financiera se derrumbó la inversión en España a partir de 2009. Incluso con las recuperaciones entre 2015 y 2019, y a partir de 2021, los niveles de inversión no se han recuperado, y ésa es una de las razones importantes por las que la economía española no crece todo lo que nos gustaría.
Una razón relevante por la que disminuye la inversión en términos reales en este 2023 se debe a la subida de los tipos de interés. Hay menos proyectos interesantes cuando el coste de financiarlos es superior. El efecto del endurecimiento de las condiciones de financiación todavía no se ha trasladado del todo a la economía. Esto quiere decir que, aunque los tipos no sigan subiendo, la tendencia negativa en el mercado inmobiliario y en la inversión empresarial se mantendrá. El Banco Central Europeo (BCE), al igual que la Reserva Federal, han anunciado que los tipos se mantendrán altos durante algún tiempo. En el caso europeo, no tengo dudas de que será así, por la sencilla razón de que hay 3,5 billones de euros en el balance del BCE, inmovilizados porque se retribuyen al 4%. Una rebaja sustancial de los tipos de interés llevaría a una inyección masiva de dinero que volvería a disparar la inflación.
Otro gran factor relevante en la inversión empresarial es la fiscalidad. El impuesto que más repercute en la generación y localización de inversiones es el que directamente soportan (o deberían soportar) las empresas: el impuesto de sociedades. Algo parecido se puede decir de los nuevos gravámenes que pretenden que los sectores financiero y energético contribuyan por sus beneficios extraordinarios. Por ejemplo, si el gravamen extraordinario bancario, pese a prohibirlo la ley, lo acaban pagando los clientes, entonces los créditos serán más caros (y los depósitos peor retribuidos), lo que disminuirá las inversiones. Pero, si lo pagan los accionistas, habrá menos capital en los bancos, y se prestará menos y más caro, lo que también reducirá las inversiones. Algo similar se puede decir del gravamen extraordinario energético, que probablemente haya aumentado los precios de los productos energéticos si se traslada a los clientes. Si no es así, disminuirá la rentabilidad de las inversiones en este sector, con lo que las mismas se reducirían. Estos efectos, y no sólo la recaudación, deberían valorarse si se quieren hacer permanentes estos gravámenes.
El impuesto de sociedades, en la medida en que reduce la rentabilidad del capital, reduce las inversiones a medida que aumenta el tipo efectivo. Desafortunadamente, los mayores inversores son las muy grandes empresas, que localizan las inversiones en función de la rentabilidad después de impuestos. Por eso, hay una competencia despiadada para atraer los centros de decisiones y las inversiones reales, y uno de los factores fundamentales es reducir el impuesto de sociedades. Esto es un problema mundial, y los problemas mundiales no tienen soluciones en un solo Estado. Por eso, y como explico en mi libro Y esto, ¿quién lo paga? (Debate 2023) se ha llegado a un acuerdo de nada menos que 185 países (casi el mundo entero), marco ampliado de la OCDE, para que las muy grandes empresas dejen de pagar impuestos (casi ninguno) en el país de nunca jamás…, y pasen a pagar algo, bien donde hacen negocios (pilar I) o bien donde tienen la sede (pilar II).
Endurecer unilateralmente el impuesto de sociedades puede dar recaudación si se hace bien, pero se paga con menos inversiones, que, dada la situación de la economía española, supone menos crecimiento a medio y largo plazo, dado que menos inversiones suponen menos productividad. Pero, algunas medidas, históricamente, no han dado el resultado previsto. Así, Sumar considera, en su pacto de gobierno con el PSOE, que gravar el resultado contable de las empresas, y no su base imponible, al 15%, daría una recaudación adicional de 10.000 millones de euros. La principal diferencia entre ambas magnitudes son los dividendos que las multinacionales españolas obtienen de sus filiales en el extranjero. Los beneficios de los que provienen esos dividendos ya se gravan donde se obtienen, y por eso están bonificados al 95%, lo que suponen que pagan en España un 1% efectivo.
Esta propuesta, gravar el resultado contable, se parece mucho al sistema norteamericano antes de la reforma de Trump. Las empresas volvían a pagar (nada menos que al 35%) y se descontaban lo que habían pagado en el exterior. En mi libro ¿Hacienda somos todos? (Debate 2014-2022) cuento el caso de Apple a la muerte de Steve Jobs: el mayor reparto de dividendos de la historia, con la mayor parte del beneficio generado overseas (es decir fuera de Estados Unidos), y la recaudación obtenida por el Tesoro americano: cero dólares. Apple se limitó a pedir un préstamo. En general, no es una buena idea que la recaudación de miles de millones de impuestos, que son obligatorios, precisamente porque no se quieren pagar voluntariamente, dependan de que las empresas no hagan algo tan simple como no repartir dividendos o hacerlo pidiendo un préstamo en lugar de repatriando beneficios.
En una situación donde necesitaremos más inversiones para crecer, y también para abordar la transición ecológica, hay que mantener la estabilidad fiscal y que los cambios sean lo más previsibles posibles, también en la fiscalidad empresarial que no puede arreglar todos los problemas, y que puede agravarlos si no se hace bien.
