El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, indicó en un acto que "será el próximo Gobierno el que deberá decidir la forma de aplicar el escudo social, valorando la cambiante situación económica y el efecto que espera lograr con las ayudas". Unas palabras que indican que Hacienda se replantea el fin de las ayudas antiinflación pese a que en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, el Gobierno estimaba que dichas medidas expiraran en el actual ejercicio.
Con ello la Administración se preveía ahorrar casi 4.000 millones (el 0,4% del PIB) en subvenciones durante el próximo curso. Una cantidad que es necesaria para que España cumpla con Bruselas y cierre el próximo año con un déficit del 3%.
Así lo estima también la AIReF o el Banco de España, que consideran alcanzable dicho porcentaje de desequilibrio público siempre y cuando se eliminen ayudas como la rebaja fiscal aplicada a la luz o el gas o la reducción del IVA a algunos alimentos. El escudo social se impulsó en respuesta a la crisis del Covid y la generada por el alza de la inflación de dos dígitos. Pero dicha situación excepcional ya ha terminado.
De hecho, el último dato de IPC de nuestro país es del 3,5%. Carece, por tanto, de sentido mantener unas ayudas de carácter general, que tienen un alto coste y de las que se benefician muchas personas que ni siquiera las necesitan. En un contexto de ralentización económica y de vuelta a la disciplina fiscal es fundamental enfocar las ayudas en los colectivos más vulnerables para reducir su coste. Sólo de esa forma se podrá dedicar una partida mayor a reducir los desequilibrios públicos y a las inversiones que el país necesita para impulsar su actividad económica.
